El presidente saliente Mauricio Macri creó por decreto un régimen para funcionarios jerárquicos que le confiere estabilidad a los directores generales por cinco años. Además, establece que para removerlos, el Estado debe pagar una indemnización equivalente a los sueldos del tiempo que resta para completar ese plazo de cinco años.
Desde ATE Capital y los abogados del Estado cuestionaron la decisión, que se toma a catorce días de dejar el Gobierno, y que -según advirtieron- busca perpetuar a funcionarios propios en la gestión de Alberto Fernández o, en caso contrario, proveerles indemnizaciones pagadas por el Estado de decenas de millones de pesos.
El decreto 788/19 , firmado por Macri, por el jefe de Gabinete, Marcos Peña, y por el ministro de Trabajo y Producción, Dante Sica, establece que se crea el “Régimen de Alta Dirección Pública”, que incluye a directores generales, nacionales o equivalentes, directores y coordinadores. Todos pasan a tener estabilidad por cinco años. Y, en caso de que se los remueva, el Estado deberá pagar el equivalente a los sueldos por lo que resta de esos cinco años.
Para dar un ejemplo, en el caso de un director general que estuviera en el rango más bajo (inicial), la indemnización podría superar los 10 millones de pesos si ingresó este último año. Para esto, el decreto homologa un acta acuerdo que fue convalidada por UPCN y rechazada por ATE. Desde el Gobierno negaron que el decreto permita la permanencia de sus funcionarios y sostuvieron que “promueve un sistema de concursos más transparente”. Desde UPCN también negaron ante este diario que el decreto implique un amparo a funcionarios macristas.
La iniciativa fue cuestionada desde ATE que, en todas las instancias de negociación colectiva, se opuso a la creación de este régimen de cargos jerárquicos. El secretario gremial de ATE Capital, Luciano Fernández, advirtió que “a catorce días de terminar su mandato, Mauricio Macri continúa su tarea de condicionar y dejar un campo minado a Alberto Fernández”.
“Desde el 1 de enero de 2020 se aplica un aumento salarial considerable a los más altos cargos de la Administración Pública Nacional, que incluso impactarán sobre los salarios de ministros y el presidente”, indica también, sobre un cambio en los escalafones. Según cálculos de ATE, esta modificación podría implicar aumentos de entre 80 y 100 mil pesos a partir de enero del año próximo. Es decir, los incrementos serán enteramente pagados por el próximo gobierno.
Por su parte, la Asociación Gremial de Abogados del Estado (AGAE) denunció que la homologación del nuevo régimen permite “exigencias mucho más laxas de idoneidad técnica y profesional que el vigente, un sistema de remuneraciones desproporcionadamente alto con respecto al resto, y otro indemnizatorio inédito para el caso de pérdida de la función -con retención de categoría-, pergeñado con la obvia intención de facilitar la permanencia de los funcionarios designados discrecionalmente por el gobierno saliente”.
Según Rubén Ramos, titular de AGAE, “es un artero ataque a la carrera administrativa, no sólo la de nuestros colegas sino la del resto de los agentes públicos, urdido en connivencia con una organización gremial cuyo desempeño viene dando muestras de desvergüenza, fue judicializada por esta organización gremial por afectar gravemente el derecho a la carrera consagrado en la Constitución Nacional y Tratados Internacionales”.