La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, volvió al ruedo para oponerse al proyecto de reforma judicial que presentó el presidente Alberto Fernández. Sus diputados nacionales y dirigentes partidarios denunciaron penalmente al primer mandatario por este tema. Pro ahora va por más y comienza a sumarse al grupo más duro de Juntos por el Cambio, el mismo que viene criticando fuerte ciertas medidas de gobierno y la prolongación de la cuarentena.
En un principio, Lilita pareció apoyar la cuarentena, pero ahora salió con los tapones de punta a criticar la prohibición de las reuniones sociales. Algo que hasta el Gobierno porteño de Horacio Rodríguez Larreta recomendó no hacer.
Carrió, criticó este miércoles el decreto que prohíbe reuniones sociales hasta el 16 de agosto, al afirmar que “están instalando un Estado de Sitio de hecho” y dijo que “es un delito de infames traidores a la patria”.
“El gobierno de Cristina y Alberto Fernández intenta poner a merced de su gobierno la vida y la intimidad de las personas. Con el dictado del DNU N° 641/20 estarían incurriendo en el delito de infames traidores a la patria, previsto en el Artículo 29° de la Constitución Argentina”, señaló Carrió en un texto firmado también por el bloque de diputados y la Junta Ejecutiva Nacional de la CC.
Al respecto, Carrió sostuvo que “con este decreto están instalando un Estado de Sitio de hecho” y que “implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades”.
“La prohibición de las reuniones familiares en todo el territorio argentino ,sin distinción alguna entre provincias, el AMBA u otras localidades, implica un abuso de poder inadmisible que viola derechos y libertades individuales previstos en los Artículos 18° (inviolabilidad del domicilio) y 19° (libertad individual y acciones privadas) de la Constitución. Es una medida que excede el límite de lo razonable, y es contraria al estado de derecho y a la búsqueda de un orden social justo”, dice el documento.
“Se trata de un acto perverso que esconde una finalidad: que no haya expresiones y/o manifestaciones públicas ciudadanas ante el avasallamiento de la Justicia, la búsqueda de impunidad, el cierre de comercios y Pymes, el aumento de la pobreza y el incremento de la inseguridad, principalmente en la Provincia de Buenos Aires”, se agrega en el texto.
Para Carrió el DNU “es inconstitucional y de nulidad absoluta ya que abarca materia penal, expresamente prohibida por nuestra Constitución. Con este decreto están instalando un estado de sitio de hecho”. Y además, el comunicado señala que “el Gobierno pretende plantearnos una falsa dicotomía entre vida y muerte, salud y economía, e infundir miedo y angustia en la población. Estamos convencidos que esa no es la salida”.
Para la Coalición Cívica “la actual situación obliga a entender” que se debe “ir aprendiendo a convivir con el virus, como están haciendo otros países y ciudades del mundo”, como también “poner en marcha un plan serio y consistente de salida gradual que cuide la salud, nuestra economía y derechos y libertades”. ”
