Los diputados de la Coalición Cívica Elisa Carrió y Juan Manuel López presentaron un escrito al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Rosenkrantz, solicitándole una auditoría a la actual gestión de la Secretaría general de Administración de la Corte, encabezada por un aliado del juez Ricardo Lorenzetti.
El pedido está en línea con la presentación que los diputados habían hecho a la Unidad de Información Financiera (UIF) en julio con el objetivo de investigar “un entramado de personas físicas y jurídicas que podrían formar parte de maniobras de lavado de activos provenientes de hechos de corrupción que habrían tenido origen, entre otros hechos, en la gestión de Héctor Marchi en su cargo de Administrador de la Corte Suprema”.
Ese es, justamente, el nombre clave: el ataque a Marchi, el administrador de la Corte, sería en realidad una forma de ir por Lorenzetti, que desde hace tiempo se convirtió en uno de los grandes objetivos de Carrió.
Tanto Carrió como López pertenecen a la comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados. En el escrito mencionan directamente a Lorenzetti: “(…) en el juicio político promovido contra Ricardo Lorenzetti hicimos referencia a las creación del Cuerpo de Peritos del Poder Judicial de la Nación Especializados en Casos de Corrupción y Delitos contra la Administración Publica, hoy integrado por unos pocos peritos de confianza de las antiguas autoridades, que fue ´absorbiendo´ las causas más sensibles, a fin de sumar cada vez más poder. A los problemas que tiene el cuerpo de peritos de auditores de dicho tribunal, del que no es ajeno Héctor Marchi, se le sumaron las irregularidades en la designación del perito en el caso del homicidio de Alberto Nisman que ameritan que una auditoria se realice también en ese organismo”.
