La sesión fallida del jueves fue un bochorno. Las acusaciones se multiplicaron y el rol de Gendarmería no estuvo a la altura de las circunstancias. A eso hay que sumarle, que Elisa Carrió y varios diputados de Cambiemos presentaron una denuncia ante la Justicia para que investigue “la posible comisión de delitos”, según señaló en un comunicado la Coalición Cívica-ARI.
Para los legisladores, los hechos que se produjeron en la sesión son “de extrema gravedad institucional y, además, podrían eventualmente derivar en responsabilidades penales por parte de quienes los han llevado a cabo”, dijeron en la presentación judicial que firman Carrió, Nicolás Massot, Miguel Bazze, Silvia Lospennato, Paula Oliveto y Juan López.
Para los legisladores de Cambiemos, se trató de “un plan organizado para atentar contra las instituciones públicas y el normal funcionamiento del Congreso y, por ende, de las instituciones democráticas y el orden constitucional”.
En ese sentido, los diputados señalan que “se violentó” en simultáneo la Legislatura bonaerense y el Congreso de la Nación “por parte del mismo grupo político, lo que evidencia que se trató de un plan orquestado.
“Se agredió verbalmente al Presidente de la Cámara, Emilio Monzó, a tal punto que casi se llega a la violencia física. Muchos diputados se acercaron a su banca con el fin de increparlo, en un marco de violencia y agresiones nunca antes visto en nuestro parlamento. Un ejemplo de ellos fue la agresión perpetrada por el diputado Leopoldo Moreau”.
Para los legisladores, los hechos de violencia que produjo el kirchnerismo en la sesión donde se debatía la reforma previsional “podrían encuadrar en la acción típica descripta por el artículo 241 de nuestro Código Penal, puesto que quienes los llevaron a cabo habrían perturbado el ‘orden en las sesiones de los cuerpos legislativos nacionales o provinciales’, al impedir a través de la violencia que el Congreso Nacional pueda funcionar normalmente”.
También, podrían haber delitos de “intimidación pública prevista en el artículo 211”, al haber producido agresiones “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desorden”, concluyeron los diputados en su presentación ante la Justicia.
