Como se había anticipado, la Coalición Cívica y Elisa Carrió se presentaron el lunes en la Justicia pidiendo que se investiguen audios que, según ellos, “demostrarían” que la denuncia contra Carlos Stornelli se armó dentro del penal de Ezeiza, con el protagonismo de los exfuncionarios del kirchnerismo.
La diputada dice que recibió un sobre anónimo en el que estaban las escuchas. El próximo paso es que luego dirán que había una escucha telefónica autorizada en otra causa, seguramente por drogas, y “casualmente” se cruzaron con esos diálogos. En lugar de destruirlos porque no se corresponden con lo que se investigaba, como indica la ley, igual usaron las escuchas que la diputada quiere blanquear. Queda claro que están interfiriendo las conversaciones de los detenidos con sus abogados, amigos y parientes, algo que viola todos los derechos y convenios internacionales.
Según consigna Raúl Kollmann en Página/12, cronológicamente, la primera conversación es del 17 de enero, entre el diputado del Parlasur Eduardo Valdés y el detenido exsecretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi. Parece que Valdés le dijo a Schiavi algo así como “se viene el Stornellipuff”.
El diálogo no tiene nada anormal y menos algo que sirva para probar que se armó en la cárcel. La extorsión a Etchebest se produjo el 7 de enero, o sea que esta conversación fue diez días después, por lo que Valdés perfectamente podía estar al tanto de que se iba a hacer la denuncia. Etchebest trabajó en Enarsa durante el gobierno kirchnerista y no sería sorprendente que le haya comentado lo que estaba viviendo a personas y abogados de esa franja política. Pero Valdés además aclaró que la expresión no estaba referida a la investigación de Ramos Padilla, sino a la fallida operación de presentar como arrepentido al exsecretario de los Kirchner, Isidro Bounine, que había naufragado justo el día anterior.
La otra escucha ilegal es del 1 de febrero y es un diálogo entre el ex número 2 de Planificación, Roberto Baratta, y un ex funcionario kirchnerista, Carlos Zelkovicz. En el diálogo hablan de la denuncia contra Stornelli, no saben qué actitud va a tomar el juez Alejo Ramos Padilla ni qué medidas adoptará. Como ya se dijo, la extorsión se concretó mucho antes, el 7 de enero, pero además la denuncia se presentó el 28 de ese mes, es decir antes del diálogo entre Baratta y Zelkovicz.
No hay nada anormal en que 25 días después de la extorsión y tres días después de que sea puesta a conocimiento del juez, Baratta esté al tanto de la denuncia que presentó un empresario que, además, estuvo en el área de energía.
El intento de legitimar escuchas ilegales, que además no prueban ninguna conducta criminal, naufraga ante los videos, los mensajes de WhatsApp, las fotos, los audios y hasta el reconocimiento del supuesto operador de Stornelli de que pidió los 300 mil dólares y ya había cobrado 15 mil.
