La diputada nacional Carla Carrizo (Democracia para siempre) se refirió a la posibilidad de modificar la edad mínima de responsabilidad penal juvenil al señalar que “necesitamos debatir y avanzar en un nuevo régimen penal juvenil porque el actual es antidemocrático, obsoleto e ineficiente”.
“Si la discusión se limita sólo a debatir sobre bajar la edad de imputabilidad en adolescentes estamos en el camino equivocado. Necesitamos urgente avanzar en un nuevo sistema penal juvenil porque el actual es antidemocrático, obsoleto e instaurado por Videla en 1980. Es decir, es anterior al paradigma de protección de derechos de la infancia que rige a nivel internacional desde la Convención de los derechos del niño en 1989, y de la propia ley nacional la 26061 de 2005 que dice exactamente lo opuesto a la práctica instalada con los adolescentes que tengan un conflicto con la ley. El régimen actual es además de obsoleto, ineficiente, porque no ha logrado en 45 años ni cuidar ni prevenir o evitar el delito en los más jóvenes”, explicó la diputada.
“Hay que dar el debate y avanzar, respetando parámetros internacionales con la edad y cuidar a los adolescentes desde los 14 -que es la media en la región- con un régimen que realmente proteja y sancione con parámetros correctos, a mantener un sistema que, aún con una edad alta, desampara hoy a los adolescentes de 16 y 17 años, es decir al no tener buenos criterios lo deja en manos de la arbitrariedad de un juez”, agregó.
“Celebro que el gobierno haya enviado al Congreso una iniciativa, como lo han hecho los anteriores. No coincido con el proyecto pero la idea aquí es mejorar y sacar la mejor versión que no va a ser ni la más rápida ni la más mediática, sino aquella que necesitan los jóvenes y adolescentes de Argentina. Hay 12 proyectos además del que presentó el gobierno”, finalizó Carrizo.
El proyecto de Carla Carrizo, que es acompañado por 9 diputados radicales y recoge los consensos de dos espacios de debate sobre justicia restaurativa con múltiples organizaciones e instituciones, propone llevar baja la edad de imputabilidad a los 14 años sólo para delitos cuya pena máxima fuera superior a 10 años y también contempla sanciones alternativas como reparación del daño, pedidos de disculpas, tareas comunitarias, prohibición de residencia, y tránsito a determinados lugares.