El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, remitió este viernes una carta al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti. En la misiva, solicitó que se suspenda la ejecución de un fallo emitido por el máximo tribunal a finales de año. Dicho fallo establece que las causas de origen nacional pueden ser apeladas para su revisión ante el Tribunal Superior de Justicia de la ciudad de Buenos Aires.
La sentencia fue emitida por mayoría y confirma el traslado de la justicia nacional a la ciudad de Buenos Aires. Esta decisión ha provocado gran descontento en la justicia nacional, ya que consideran que es inconstitucional. Además, la presentación de Casal no será la única ante la Corte Suprema, ya que se anticipan otras.
Casal señaló que el fallo Levinas presenta varios inconvenientes. Uno de ellos es que “colocará a este Ministerio Público Fiscal en una posición donde podría verse incapacitado para cumplir con sus funciones legales y constitucionales en los procesos que se llevan a cabo ante la justicia nacional con jurisdicción sobre la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en detrimento de los intereses que debe proteger”.
El jefe de los fiscales le aclaró a Rosatti en su nota que la Procuración General de la Nación solo tiene competencia para actuar ante tribunales nacionales, lo que impide que pueda presentar apelaciones en el Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
“Por lo tanto, la acción solicitada por la nueva doctrina del Tribunal requiere una actividad procesal para la cual las fiscalías nacionales no están legalmente facultadas, ya que su competencia está limitada por la ley, y esta no les otorga legitimación procesal para intervenir en el ámbito local”, explicó Casal.
La nota aclara que la Fiscalía General de la ciudad de Buenos Aires y sus fiscales no pueden intervenir, ya que se trata de una entidad diferente.
“Esa potencial actuación mixta representaría un impedimento para el desarrollo de una política criminal coherente, ya que la acción de los fiscales nacionales, siguiendo los criterios de actuación establecidos por este Despacho, podría verse comprometida si no son compartidos por el ministerio público local que, naturalmente, se guiará por sus propios criterios”, señaló Casal.
Sobre estos aspectos, el Procurador afirmó que el fallo de la Corte Suprema no estableció un “criterio hermenéutico claro para solucionar adecuadamente los problemas planteados, los cuales, insisto, representan un grave obstáculo para el cumplimiento de las funciones constitucionales de este Ministerio Público Fiscal”. De este modo, la decisión del máximo tribunal “requiere un acto normativo adicional que resuelva o modifique, de manera legalmente efectiva, la incapacidad para actuar ante los jueces locales”.
“Por tal motivo, y sin afectar la postura de esta Procuración General sobre el fondo del asunto decidido en dicha sentencia, sugiero al Tribunal que, en uso de sus facultades de superintendencia, suspenda la aplicación de lo decidido hasta que se resuelva de manera normativa adecuada la restricción que impide a este Ministerio Público Fiscal de la Nación llevar a cabo de manera legal y efectiva la nueva actividad procesal ante el fuero porteño que allí se solicita”, concluyó Casal en su nota.
El documento fue presentado el último día de la feria judicial y en un mes en el que este tema provocó numerosas reuniones entre jueces nacionales. El lunes se reanudará la actividad judicial con una Corte compuesta por tres jueces: Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.