El Gobierno nacional que encabeza Mauricio Macri a través de un decreto aumentó a 30% el canon que paga el grupo a cargo la concesión del casino de Puerto Madero. Se trata de Cirsa, empresa española que desde 1999 opera las salas flotantes de esa zona porteña y cuya concesión vence en 2019, al igual que la de Ricardo Benedicto, socio de Casino Club.
El monto a pagar por los beneficios del juego hasta 2016 fue de $ 560 millones, pero con esta medida pasaría a casi $ 1.000 millones. El cambio se da en el marco del traspaso de los juegos de azar a la Ciudad, donde Horacio Rodríguez Larreta busca crear agencias de lotería porteñas. Pero Cirsa adelantó que iniciará acciones legales.
El decreto del Gobierno nacional modifica lo establecido en otro decreto, el 600/99, que rige el acuerdo de concesión con la empresa española Cirsa.
El nuevo decreto de Macri provocó preocupación en el Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta por las medidas judiciales que puedan tomar los concesionarios.
Para justificar el cambio, el decreto pone como ejemplo lo que perciben otras jurisdicciones tal como la Provincia de Buenos Aires, donde el beneficio para el Estado por lo que recaudan las tragamonedas llega al34%.
Sin embargo, la decisión oficial será objetada por Cirsa, por entender que rompe un contrato firmado hace 18 años y que aún tiene 3 años más de vigencia. La empresa Casino Buenos Aires, a cargo la explotación de los juegos de azar en los buques de Puerto Madero, está compuesta por el mencionado grupo español, con 50% del capital; Hipódromo Argentino de Palermo (Hapsa), 25%; e Inverclub, otro 25%.
La aplicación del decreto podría llevar a Cirsa a denunciar la situación en ámbitos internacionales teniendo en cuenta la nacionalidad española del grupo operador, según informó el diario El Cronista Comercial.
El decreto llega, además, después de la ley sancionada por el Congreso para aplicar un nuevo impuesto a la industria de juegos de azar, y en el marco del traspaso del juego a la Ciudad, y que también tiene horizontes complicados: o recursos de amparo o despidos masivos.
