Un informe elaborado por la Fiscalía Federal N°3, bajo la dirección de Eduardo Taiano y con el apoyo del asistente Hernán Kleiman, confirma que el fiscal Natalio Alberto Nisman fue asesinado a causa de su labor en la Unidad Fiscal de Investigación del Atentado a la AMIA (UFI-AMIA).
El informe afirma que Nisman fue asesinado debido a su denuncia relacionada con el Memorándum de Entendimiento con Irán, el cual pretendía proteger a los culpables del atentado contra la mutual judía que resultó en 85 víctimas fatales.
La investigación judicial se centra en la teoría de que el asesinato fue llevado a cabo por individuos que querían callar al fiscal. Sus descubrimientos sobre el acuerdo con Irán ponían en aprietos a altos cargos del gobierno argentino, liderado entonces por Cristina Kirchner.
La fiscalía informa que están en marcha acciones para identificar tanto a los autores materiales como a los intelectuales detrás del crimen.
El documento consta de 52 páginas y está organizado en siete capítulos que se centran en la reconstrucción de la escena del crimen, el análisis de la acusación de Nisman contra funcionarios del gobierno argentino y un apartado dedicado a los avances periciales logrados desde que el caso fue transferido al fuero federal.
Entre las acciones destacadas se incluyen pericias forenses, análisis de comunicaciones y entrevistas con testigos clave, lo que fortaleció la teoría de que el homicidio fue un acto intencional vinculado con las actividades del fiscal.
Tras haber asumido el trámite de la causa y analizado en detalle los elementos de prueba, el fiscal Taiano denunció la existencia de graves irregularidades en el procedimiento llevado a cabo entre los días 18 y 19 de enero de 2015, cuando Nisman fue hallado sin vida: “La primera hora y media desde que se ingresó al departamento estuvo repleta de entradas y salidas de distintos funcionarios de la Prefectura Naval Argentina y la Policía Federal Argentina. Hasta el momento no se ha brindado ningún tipo de justificación o asignación a tarea específica que sustente este accionar, que atentó directamente contra la preservación de la escena”.
“En la escena del crimen circularon esa noche más de 80 personas. No hace falta ser un experto en la materia para advertir que esa cantidad de gente en la escena de un crimen no tiene justificación alguna”, se enfatiza.
Además, en el texto conocido este viernes se recuerda que en la investigación de la muerte del fiscal, “se corroboró la participación activa de terceras personas, las cuales ingresaron al departamento y, luego de reducirlo (a Nisman), lo trasladaron hasta el baño ubicado en el cuarto principal de la vivienda. Allí, con la intención de simular un suicidio, lo obligaron a colocarse de rodillas y le dispararon en la cabeza, en el horario comprendido entre las últimas horas del 17 y la madrugada del 18 de enero de 2015″.
“De inmediato -se agrega en el texto- se verificó que como parte del plan criminal tendiente a simular un suicidio fue necesario facilitar el ingreso al domicilio de un arma con un vínculo verificable que permitiera franquear accesos y controles hasta el Dr. Nisman e inicialmente implantar la duda respecto del fatal desenlace -concepto conocido como “arma amiga”-. En el caso, el plan homicida se llevó adelante con la utilización de un arma registrada a nombre de Diego Ángel Lagomarsino”, quien era colaborador del fiscal y prestaba servicios en la UFI-AMIA.
Luego se repasa que el fiscal Taiano también analizó “la labor ineficiente de la custodia que debía proteger a Nisman en su departamento”. Y se destacó que “durante ese fin de semana los miembros de la Policía Federal Argentina que debían protegerlo abandonaron la consigna vigente en reiteradas ocasiones y por lapsos de tiempo prolongados. De esta forma, no sólo se vio facilitado el accionar homicida que terminó con la vida del fiscal, sino también la libertad de manipular la escena sin ningún tipo de control”.
Los capítulos del informe incluyen no sólo el relato de los hechos investigados, sino también los obstáculos encontrados en el proceso, como la falta de colaboración por parte de algunos organismos relevantes vinculados a los servicios de inteligencia y áreas del gobierno que manejaban información sensible sobre el atentado a la AMIA y sus posibles inteligencia
“Al día de hoy, sólo por mencionar un ejemplo evidente, no sabemos si los autores del homicidio pudieron haber salido del departamento por la vía de acceso ubicada en la cocina que nadie advirtió (o quiso advertir) durante los primeros momentos de la investigación”, se destaca en el escrito.
En ese sentido, se menciona que numerosos pedidos de acceso a documentos específicos fueron ignorados o demorados de manera injustificada, lo que dificultó avanzar en el esclarecimiento de la causa. Además, se denunció que algunos informes entregados por estas entidades llegaron incompletos o con información irrelevante, lo que generó suspicacias y potenció las sospechas sobre un ocultamiento deliberado.
Conclusiones finales
En el último capítulo del informe se apunta que, en el marco de las investigaciones actuales, el fiscal Taiano anunció que se están impulsando nuevas imputaciones contra sospechosos que podrían haber tenido participación en el homicidio de Nisman. Aunque no se dieron nombres específicos, el informe subraya la necesidad de esclarecer el rol de ciertos actores cuya vinculación con servicios de inteligencia podría ser clave para el caso.
En este contexto, se presentó un pedido formal de desclasificación de documentos de inteligencia que podrían contener información relevante para determinar las responsabilidades en la planificación y ejecución del crimen. Según el informe, estos documentos podrían arrojar luz sobre las conexiones entre organismos nacionales e internacionales involucrados en el encubrimiento del atentado a la AMIA y, por ende, en la posterior muerte del fiscal.
El trabajo de la fiscalía fue presentado pocos días antes de cumplirse el décimo aniversario de la muerte de Nisman, quien fue hallado sin vida el 18 de enero de 2015 en su departamento de Puerto Madero. En aquel momento, la noticia sacudió a todo el país, generando una enorme controversia sobre las circunstancias de su muerte y el impacto que podría tener en la investigación del atentado a la AMIA.
La causa inicialmente quedó en el fuero criminal ordinario, con hipótesis que fluctuaron entre el suicidio y el homicidio. Sin embargo, en 2016 la investigación pasó al fuero federal, y desde entonces la Fiscalía liderada por Eduardo Taiano ha trabajado en la recopilación de pruebas que ratifican la teoría del homicidio vinculado a la labor del fiscal en la UFI-AMIA.