El ciclo lectivo en la Provincia de Buenos Aires arrancará el 6 de marzo con una nueva herramienta jurídica para desalentar la violencia en las escuelas. Desde el miércoles, los padres, familiares o personas cercanas a los estudiantes que ataquen de forma verbal o física a los maestros y personal no docentes, serán castigados con arresto o multas que van desde los 6 a 15 mil pesos, dependiendo de la gravedad de los hechos.
La medida se publicó en el Boletín Oficial bonaerense y lleva la firma del titular de la cartera educativa del Gobierno provincial, Alejandro Finocchiaro, luego de que en 2016 fuera ratificada a través de la Ley 14.898 en la última sesión de la Cámara de Diputados.
La norma incorpora el artículo 74 bis al Código de Faltas, en el cual se indica “será sancionada con arresto de cinco a treinta días o multa de entre el 50 y el 100 por ciento del haber mensual del Oficial Subayudante del Agrupamiento Comando de la Policía de la Provincia de Buenos Aires –o el que en el futuro reemplace-la persona que, invocando un vínculo con un alumno, dentro del establecimiento educativo de gestión pública o privada al que éste concurre, o en las inmediaciones del mismo, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional e intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”.
Las nuevas sanciones, cuyas penas se agravarán el doble cuando los ataques sean en presencia de alumnos, aplicarán también a aquel que “insulte o provoque escándalo, ejerza actos de violencia física, le arroje elementos de cualquier naturaleza, ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal, o perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa”.
La norma viene a cubrir un vacío institucional para abordar situaciones conflictivas entre los educadores y los familiares de los alumnos, que escalaron en los últimos años al punto de llegar a episodios de violencia extrema.
“Hoy agredir a un docente o auxiliar no tiene costo, insultar, golpear, escupir es gratis; con esta modificación (al Código de Faltas) queremos que aquellos que sienten la tentación de agredir tengan un freno inhibitorio, que sepa que le puede costar días de arresto o una multa de 6.000 pesos” había declarado Finocchiaro en julio, cuando presentó la propuesta.
“Hay una estadística que dice que en el 2015 se registraron 236 agresiones al personal docente, y 7 de ellas fueron con armas. A eso hay que sumar lo que no es denunciado”, indicó el senador de Cambiemos, Juan Pablo Allan tras aprobarse la iniciativa en diciembre.
La ley tuvo un amplio apoyo legislativo y gremial, pero obtuvo algunos reparos sobre si era admisible la continuidad de la convivencia entre el maestro y el alumno hijo o familiar del agresor.
“No es la solución a todos los males, tenemos que hacer un fuerte trabajo cultural para rejerarquizar la labor docente y su rol en la sociedad; es un cambio cultural que llevará tiempo y lo haremos formándolo”, planteó Finocchiaro.
