La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, requirió a la jueza la instrucción del caso y pidió imputar a los 10 involucrados en el viaje a Lago Escondido por presunta comisión de delitos de acción pública. Asimismo, mostró fotos del grupo en su arribo a Bariloche y cuestionó las facturas presentadas.
En un escrito de nueve páginas, Etchepare pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que inicia la instrucción de sumario además de que se expida sobre la pretensión de Marcelo Eduardo Hertzriken Velasco, el denunciante, de pasar a ser querellante en la causa caratulada como “Ercolini, Julián y otros s/ incumplimiento de los deberes de funcionario público, aceptación de dádivas”.
En su escrito, la fiscal menciona a los 10 involucrados:
Julián Daniel Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional nro. 10;
Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires;
Marcelo Silvio D’Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño,
Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal;
Pablo Yadarola, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nro. 2;
Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nro. 9;
Leonardo Bergroth;
Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.;
Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A. y
Jorge Carlos Rendo, presidente del Grupo Clarín S.A.
El paso a paso del contingente de Lago Escondido
La fiscal presentó fotos brindadas por la PSA de las filmaciones en el aeropuerto de Bariloche en donde se puede ver el arribo del grupo en el vuelo privado. Luego, se observa cómo Casey y Rendo, como supone la fiscal mediante un “simple cotejo con las imágenes de Google”, se levantan de una mesa de cafetería, se acercan al grupo y saludan a sus integrantes.
De esta manera, el contingente salió de Buenos Aires a Bariloche el 13 de octubre en un avión privado propiedad de la empresa “Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A.”, matrícula LV-GCK. Dos días después, volvieron al aeropuerto de San Fernando.
En ese sentido, “se constató que la empresa, conocida en plaza bajo el nombre de fantasía “Flyzar” pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y no a un mendocino de apellido Terranova” (presuntamente candidato a concejal del PRO), como había señalado el denunciante.
Sobre si efectivamente el contingente se alojó en la estancia Lago Escondido, la fiscal advirtió que en las filmaciones que el grupo fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de “Hidden Lake S.A.”, empresa conocida a nivel local por los conflictos con distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido. Van Ditmar está acompañado por tres personas, dos varones y una mujer, quienes también saludan a los recién llegados, dice el escrito.
Por último, “todo el contingente es trasladado desde el aeropuerto (con destino desconocido pero presupuesto en aquél lugar) por dos camionetas de alta gama a las que abordan”, señala la fiscal.
En cuanto al regreso, “en las filmaciones se observa como las mismas dos camionetas de alta gama (una blanca y otra negra) ingresan directamente a la pista de aterrizaje y frenan junto a un avión privado, sin ingresar al edificio del aeropuerto”.
Por otro lado, también declaró Van Ditmar quien admitió administrar “Hidden Lake S.A.”, empresa que “realiza eventos y presta servicios de alojamiento”. Al consultarlo por qué había ido él personalmente a recibir al contingente, dijo que “su camioneta era más cómoda y que en ocasiones es él quien realiza ese trabajo”.
Van Ditmar también aseguró que en esas fechas no estaban en la estancia Joseph Lewis ni Mauricio Macri, pero nada dijo en relación con Casey y Rendo.
Las inconsistencias en las facturas
El presidente de “Hidden Lake S.A.” aportó las facturas emitidas en favor de algunos de los denunciados (a excepción de Bergroth y Reinke) por la suma de USD 605 cada una.
Para la fiscal, “los documentos evidencian una clara discordancia con el momento en que se habrían alojado en el establecimiento, ya que el servicio se brindó los días 13, 14 y 15 de octubre, mientras que los comprobantes datan del día 28”.
“También llama la atención que no se hubiera emitido factura alguna, justamente, a los dos individuos que no detentan el carácter de funcionarios públicos y que, por tanto, tienen mayores libertades para ser invitados y no pagar por los gastos erogados”, dice la fiscal.
Por su lado, la compañía aérea Flyzar presentó las facturas emitidas en favor de los denunciados. Muchas de ellas datadas el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. “Estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad “contado” y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”, dice el texto de la funcionaria judicial.
En resumen, Etchepare señaló que “si bien los hechos denunciados inicialmente por Hertzriken Velasco no eran del todo exactos, sí tenían una base cierta de ocurrencia que podría implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.
A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas “al contado” e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, expresa.
Los pedidos de la fiscal Etchepare a la jueza
De esta manera, le pidió a la jueza federal Silvina Domínguez que se declare competente e impute a las 10 personas mencionadas. Asimismo, pidió que se levante el secreto fiscal y bancario de todos los nombrados y de las empresas, al tiempo que le pidió a AFIP-DGI que analice las facturas.
También solicitó que la jueza autorice a las fuerzas de seguridad a analizar las filmaciones del aeropuerto e identificar a todas las personas en cuestión. Mientras que pidió que Aerolíneas Argentinas aporte datos sobre el viaje de Casey y Rendo.