En el contexto del expediente que finalmente se radicó en Comodoro Py, el fiscal federal Eduardo Taiano solicitó a la jueza María Servini el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Karina y Javier Milei, así como de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, y del exasesor de la Comisión Nacional de Valores, Sergio Morales, todos ellos sujetos a investigación en la causa relacionada con la criptomoneda $Libra.
Con un legajo separado de la causa principal ya constituido, el fiscal federal Eduardo Taiano pidió este viernes el levantamiento del secreto fiscal y bancario que involucra al presidente de la Nación, su hermana y a otro grupo de personas que están siendo investigadas.
Hace dos semanas, el mismo fiscal pidió a la unidad especializada en investigaciones patrimoniales “ayuda para desarrollar una propuesta de medidas, con el fin de compilar la información necesaria para llevar a cabo un análisis sobre la evolución de los bienes de Javier Gerardo Milei, Karina Elizabeth Milei, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales, desde el año 2023 hasta la actualidad”.
La Cámara de Apelaciones de San Martín, al declarar la incompetencia de la jueza de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, determinó que el caso debe ser manejado por los tribunales federales de Buenos Aires, situados en Comodoro Py. La causa fue delegada por la jueza María Servini a la fiscalía encabezada por Eduardo Taiano, quien hace un par de meses consideró que había suficientes indicios para iniciar la investigación penal que tiene en la mira al Presidente.
En base a este criterio inicial, el representante del Ministerio Público Fiscal ha estado promoviendo varias medidas de prueba para avanzar en la investigación de la maniobra denunciada y establecer posibles responsabilidades penales, si las hubiere. Se acusó al presidente Javier Milei de posible estafa tras publicar un tuit promocionando la criptomoneda $Libra. “Considero que la Justicia federal de CABA está en una mejor posición procesal e investigativa en comparación con lo que ocurrió en la Justicia federal de San Isidro”, afirmó la Cámara de San Martín al confirmar que Taiano debe continuar con la investigación.
En este sentido, se precisó: “Se han dispuesto medidas de prueba para investigar todos los hechos denunciados, no solo el segmento que el juzgado federal de San Isidro consideró ‘central’, lo que llevó a descuidar la aclaración de otros hechos que la fiscalía consideró relevantes en esta fase inicial del proceso”.
Con el camino despejado, este viernes el fiscal Taiano presentó un requerimiento ante la jueza Servini solicitando el levantamiento del secreto fiscal y bancario. A pesar de que la investigación se encuentra delegada, este tipo de medidas siempre deben ser autorizadas por un magistrado. Se trata de un “legajo aparte” vinculado a la investigación principal sobre la presunta estafa relacionada con la criptomoneda $Libra, donde el análisis patrimonial de los implicados se centra en determinar si su evolución revela alguna inconsistencia.
El 13 de marzo, desde la fiscalía se presentó un pedido a la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos, solicitando la “recopilación de información que permita localizar e identificar activos asociados con la maniobra investigada, con el objetivo de evaluar su posible aseguramiento”. En este marco, se requirió la elaboración de “una propuesta de medidas para reunir la información necesaria que permita llevar a cabo un análisis sobre la evolución patrimonial” del presidente de la Nación, su hermana Karina Milei, Novelli, Terrones Godoy y Morales, desde 2023 hasta la fecha.
Es importante recordar que la causa examinó los hechos reportados para dar inicio a una investigación. En estos se indicó que el valor inicial de dicha criptomoneda se había fijado en U$S0,01, pero su cotización sufrió un “incremento exponencial tras la publicación del mandatario en la red social X, lo que permitió que alcanzara casi U$S5”.
No obstante, pocas horas después, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta realizadas por el equipo creador del token, que son los principales poseedores del activo, así como por otros actores que habrían tenido acceso a “información privilegiada sobre el lanzamiento, lo que facilitó la extracción de aproximadamente 100 millones de dólares a través de unas pocas direcciones de wallet”.
Con ese expediente central en curso en el fuero federal penal, se añadió otra pieza: una denuncia contra Karina Milei, a quien se señala como quien “recaudaba coimas” para asegurar entrevistas con su hermano, el presidente de la Nación. La acusación judicial la designa como “la valijera” del gobierno.