En el marco de la causa por presuntos delitos en la obra pública contra Cristina Fernández de Kirchner, la Unidad de Información Financiera, organismo público que actúa como querellante, descartó pedir una condena contra la Vicepresidenta. La decisión fue establecida por representantes de la entidad en el marco de alegatos de este lunes, donde afirmaron que no hay pruebas para detectar delitos de lavado de activos.
“Resulta imprescindible contar con parámetros objetivos. Claramente, en el 2017 la UIF debió prescindir como querellante en la causa ya que aquí no se detectan delitos de lavados de activos que competen al organismo”, expresaron los voceros de la Unidad en el marco de los alegatos.
“Esta querella entiende que no existe la posibilidad de sobreprecios. Sería irresponsable avanzar en una acusación”, aseguró el abogado de la UIF, Leandro Ventura. “Corresponde la absolución de los acusados respecto del delito de fraude”, agregó. En ese marco, fue pedida la absolución tanto de CFK como de todos los demás acusados en la causa.
Ventura arrasó con los peritos oficiales. Sostuvo que cada uno eligió una metodología distinta y que no se hizo nada para clarificar qué metodología correspondía. Eloy Bona (perito del tribunal) se basó en una comparación con otras obras; Roberto Panizza, perito de la fiscalía, utilizó los datos de la revista El Constructor, y la única que reconstruyó, item por item, los costos del momento en que se hicieron las obras, fue la perito de las defensas, Adriana Alperovich.
Cabe recordar que el abogado de la vicejefa de Estado, Carlos Alberto Beraldi, ya se había pronunciado al respecto y afirmado que se debían retirar los cargos contra la vicemandataria por falta de pruebas.
“La acusación es ridícula. No solo la tienen que absolver. Debería llamarse la atención a quienes promovieron la investigación. No se puede sostener que leyes del Congreso o actos del Poder Ejecutivo puedan ser los instrumentos para la comisión de un delito”, fueron las palabras del abogado.
La conclusión de los representantes de la UIF fue que no están probados los sobreprecios y ratificaron lo señalado por una de las auditorías realizadas en tiempos del macrismo: “no se pagó nada que no se hubiera construido. La diferencia es muy menor, del 0,1 por ciento”.
Es decir que consideraron falso lo que se publicó en tapa tras tapa de los grandes medios: las obras se realizaron con buena calidad, tuvieron los atrasos normales verificados en todas las provincias y no hubo ningún cobro que no tuviera certificados de obra que fueron controlados por los supervisores.
“No se demostraron sobreprecios y por lo tanto no se demostró perjuicio para el estado. Por lo tanto no hubo fraude”, concluyeron.
Vale aclarar que la causa remite a la investigación sobre unas 51 obras públicas que desde 2003 a 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, recibieron las empresas de Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz. Sobre estas obras se investigan presuntos sobreprecios, el pago total de la obra cuando muchas no habían finalizado y falta de antecedentes y capacidad de las compañías para realizarlas.
