La justicia federal dispuso la inhibición general de bienes y el levantamiento del secreto bancario del expresidente Alberto Fernández, en el marco de la causa que investiga la presunta intermediación irregular de seguros para las distintas reparticiones públicas durante su gestión.
Del mismo modo, el juez Julián Ercolini ordenó el levantamiento del secreto en torno a Reportes de Operaciones Sospechosas que pudieran obrar en la Unidad de Información Financiera (UIF) respecto a todos los imputados. El juzgado consideró que esta medida cautelar debía ser adoptada a partir del “avance” de la investigación y de las pruebas ya recolectadas en el expediente.
A lo largo de 28 carillas, Ercolini enumeró los alcances de la inhibición general de bienes sobre personas físicas y jurídicas, encabezadas por Fernández, pero que impactan en otros imputados. Pero la medida más relevante con pedido de informes sobre movimientos bancarios apunta a Fernández y a Héctor Martínez Sosa, el broker sospechado por su relación con el exmandatario. La justicia pidió saber todos los movimientos bancarios de ambos pero desde 2009 a la fecha, un período de 15 años.
Alberto Carlos Pagliano, Guillermo Alejandro Alonso, Marta María Cantero (histórica secretaria de Fernández), Pablo Andrés Torres García, Guillermo Eugenio Torres García, Osvaldo Alfredo Tortora, Ricardo Daniel González, Oscar Alberto Castello, Ernesto Mercuri, Brian Kelly, figuran en la nómina de inhibidos, por lo tanto no pueden desapoderarse, incorporar o movilizar ningún activo registrado a su nombre.
Lo mismo ocurrió con una serie de compañías, también ligadas a los seguros: Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, TG Broker SA, Bachellier SA, Castello Mercuri SA, San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores de Seguros SA, San Germán Seguros SA, Cooperativa de Trabajo Irigoin SA y 7 de Mayo Cooperativa de Trabajo Limitada.
La causa
Ercolini recordó que se investiga la posible existencia de una organización delictiva que habría operado en la contratación de seguros por parte de entes estatales durante la presidencia de Alberto Fernández y de una serie de intermediarios para la contratación de Nación Seguros SA y la participación de coaseguradoras. Todo en base al Decreto 823/2021 que ordenaba que todos las pólizas debían ser contratadas con Nación Seguros pero que derivó en la participación de brokers como Martínez Sosa, Torres García y Castello que -junto a sus firmas- cobraban comisiones que, de acuerdo a lo denunciado, eran superiores a las de mercado, en un proceso que, además, habría sido direccionado a su favor.
“Según surge del informe de auditoría elaborado por “NACIÓN SEGUROS S.A.” a comienzos de este año, se ubican en la cúpula entre los intermediarios que mayores comisiones percibieron desde el año 2020 hasta la elaboración del estudio: “BACHELLIER S.A.” en el primer puesto, “HÉCTOR HORACIO MARTÍNEZ SOSA Y COMPAÑÍA S.A.” en el segundo, “CASTELLO MERCURI S.A.” en el tercero, “SAN IGNACIO SOCIEDAD DE PRODUCTORES ASESORES DE SEGUROS S.A.” en el cuarto y “TG BROKER S.A.” en el quinto. En conjunto, las cinco acumulan $2.782.170.946 percibidos en comisiones de “NACIÓN SEGUROS S.A.” durante el período en cuestión, sobre $ 3.453.302.777 del total de productores, representando más del 80%”, indicó la resolución a la que accedió Ámbito.
El juez destacó la relación entre Martínez Sosa como esposo de Cantero, la secretaria de Fernández pero además que Castello Mercuri SA fue aportante de campaña del Frente de Todos. Había “intermediarios” y “organizadores de pólizas” de otros productores. Y que la ANSES ocupaba el segundo lugar entre los entes públicos que más comisiones pagaron entre 2020 y 2024.
Los delitos
El escrito señala que, por ejemplo, de San Ignacio Sociedad de Productores y Asesores de Seguros SA su sede real no pudo ser hallada. A partir de un sainete para la entrega de documentación reconstruyeron por cámaras que las cajas aportadas a la justicia habían sido trasladadas a un garage en un vehículo de una persona con vínculos parentales. A partir de ello se estableció que existía una relación familiar y societaria que llegaba hasta el Gerente de Compras de Nación Seguros, Marcos Federico Eufemio.
Allí empiezan a cruzarse vínculos societarios o de parentesco entre personas que aparecían como contactos entre Nación y las distintas compañías que a su vez registraban vehículos de alta gama que tenían a varias personas autorizadas a conducirlos.
“Sentado lo expuesto y teniendo presente la modalidad económica de los delitos aquí pesquisados, existe una fundada sospecha de que los nombrados podrían llegar a disponer de los bienes que integran su patrimonio, con anterioridad al dictado de una eventual sentencia en su contra”, afirma la resolución de Ercolini. En ese marco, solicitó al BCRA que proceda a fajar eventuales cajas de seguridad que los involucrados posean en bancos comerciales.
Cautelares
Además del levantamiento del secreto bancario, el juez solicitó informes a la AFIP y también extendió el lapso de la pesquisa sobre el expresidente y Martínez Sosa desde 2009 en adelante. A su vez, dispuso el congelamiento de activos de una Cooperativa y que la Oficina Anticorrupción aporte las declaraciones juradas como funcionario público de Fernández, su secretaria y de los funcionarios de Nación Seguros que aparecen involucrados.
