Su presidente Jorge Rizzo, y bajo la representación de los letrados Laura Calogero y Silvina Nápoli, el CPAFC presentó el recurso de apelación al considerar que la nueva norma es contraria al orden constitucional.
Asimismo, solicita la intervención de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, y pide que se “revoque el fallo apelado en todas sus partes y se dicte un nuevo pronunciamiento ajustado a derecho, haciendo lugar a la medida cautelar interpuesta”.
La jueza Biotti rechazó el pedido del Colegio Público de Abogados porque consideró que, para que la Justicia se expida, debe existir un “caso” o “controversia”, algo que, a su criterio, no se da en el planteo efectuado por esta entidad.
Ante esos argumentos, el escrito que presentó Rizzo planteó las siguientes preguntas:
¿Se pretende acaso que si el Estado decide allanar todos los domicilios de los argentinos, debemos esperar una violación a la propiedad para tener “el caso”?
¿Se busca acaso que se violente un principio constitucional en forma efectiva para que la Justicia ponga las cosas en su lugar o acaso cumple ésta también la función de tutelar efectivamente los derechos acordados a los habitantes de nuestra Nación?…