La jueza de Instrucción Silvia Ramond cambió la carátula de los 17 detenidos por el ataque del viernes pasado a la Legislatura porteña. Este lunes por la mañana los imputó por el delito de "coacción agravada". Se trata de una figura no excarcelable, que contempla una pena de entre cinco a diez años de prisión.
La jueza interpretó que los detenidos -hoy fueron liberadas dos personas y ahora quedan 17- amenazaron a otras personas para obtener una concesión de los poderes públicos, tal como está tipificado en el artículo 149 del Código Penal. En este caso, se acusa a los manifestantes de amedrentar a legisladores y empleados para que no se aprueben los cambios al Código de Convivencia.
De las 17 personas acusadas que quedaron presas hay dos mujeres en la cárcel femenina de Ezeiza y los hombres fueron repartidos entre el penal masculino de esa localidad bonerense, los de entre 18 y 21 años, mientras que el resto fue a parar a la cárcel de Villa Devoto.
De los 23 detenidos el viernes, cuatro menores de edad fueron liberados el sábado desde las comisarías en las que estaban alojados y entregados a sus familias. En tanto, dos mayores de edad recuperaron la libertad el domingo ya que las figuras que se les imputaban eran de menor gravedad y, en consecuencia, excarcelables.
Hasta esta mañana, Ramond había recibido tres pedidos de excarcelación, que deberá contestar en el plazo de 24 horas. Por otra parte, la magistrada ordenó una serie de procedimientos que se cumplían esta mañana, de los cuales podrían desprenderse nuevas detenciones.
A partir de este lunes, la magistrada tendrá diez días hábiles para resolver la situación procesal de los 17 detenidos.
