La Fiscalía Nacional en lo Criminal de Instrucción Nº 33, a cargo de José María Campagnoli, requirió al juez Ricardo Farías, que ordene la declaración indagatoria del arquitecto Héctor Lopatín, titular de la Dirección General de Planeamiento de la comuna porteña, en el marco de la causa relacionada con las obras en La Rural, que quedaron anuladas por el fallo de una jueza porteña.
En su requisitoria, Campagnoli sostiene que la citación de Lopatín "ha de aportar constancias vinculadas con los hechos más recientes relacionados con el Predio Ferial (conocido como La Rural) del Parque 3 de Febrero y que involucran a las autoridades actuales del GCBA. Como habremos de ver, sorpresivamente, sus funcionarios han reanudado la secuela criminal de sus predecesores, al punto de obligar a varios legisladores locales a interponer -y obtener- una reciente acción de amparo", dice el fiscal.
A mediados de octubre, la jueza porteña Elena Liberatori había hecho lugar a la medida cautelar presentada por un grupo de diputados porteños disponiendo la "nulidad absoluta" de un convenio -y una disposición previa del Ejecutivo porteño- que habilitaba la construcción de un centro de eventos y un shopping sobre una zona destinada a urbanización parque.
El convenio que habilita las obras fue firmado el pasado 21 de julio entre el jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, con la Sociedad Rural Argentina y Ogden Rural SA, que dirige el empresario Francisco De Narváez.
La presentación ante la Justicia porteña fue realizada a principios de octubre por los legisladores porteños Rubén y Tomás Devoto (Movimiento por un Pueblo Libre); Beatriz Baltroc y Mónica Bianchi (Autonomía Popular); Vilma Ripoll (Izquierda Unida); Sergio Molina, Héctor Bidonde y Daniel Betti (Bloque del Sur).
Estos legisladores consideran que "ahora la Fiscalía comienza a actuar nuevamente, teniendo en cuenta la existencia de nuevos actos infieles de funcionarios actuales del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, todos ellos vinculados con el Predio Ferial del Parque 3 de Febrero y dictados en beneficio ilegal de sus ocupantes y explotadores comerciales".
La Comisión Auxiliar del Parque 3 de Febrero, presidida por Domingo Sarmiento, había concesionado por 20 años, en 1875, el Predio Ferial para que allí se hiciera la tradicional exposición agropecuaria. Luego, el Congreso hizo reiteradas prórrogas y concesiones, que finalizaron cuando el ex presidente Carlos Menem y el ex ministro de Economía Domingo Cavallo vendieron el Predio Ferial, conocido como La Rural.
Para ese entonces, ya había un decreto de Menem por el que dividió el Parque 3 de Febrero entre el espacio público y el Predio Ferial, de forma tal de facilitar la venta. Luego, esta decisión fue respaldada por el Congreso en 1993 a través de una ley, que refrendó el decreto.
En la actualidad existen dos causas judiciales: una investiga la venta de La Rural hecha por Menem y Cavallo; y la otra, iniciada cuando Fernando de la Rúa era jefe de Gobierno, se ocupa de las obras autorizadas por la Ciudad entre 1998 y 1999. A esta última se le agregó el cuestionamiento del convenio firmado por Ibarra con De Narváez.
