Este lunes la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentó ante la Justicia del fuero Contencioso Administrativo una acción de amparo para solicitar la suspensión del decreto que habilita al Ejecutivo Nacional a decidir sobre un probable aumento de las tarifas de los servicios públicos.
Según la ombusdman porteña, Alicia Oliveira, la presentación es una "acción en defensa de usuarios y consumidores y pide la habilitación de la feria judicial y el dictado de una medida cautelar porque la insistencia del Gobierno Nacional por concretar un tarifazo viola la Constitución y se trasforma en el cuarto intento de burlar la ley en un acto desesperado por cumplir con las empresas privatizadas y el FMI".
La defensora del Pueblo destacó que "este nuevo atajo jurídico pretende descartar la participación de los usuarios en la renegociación de los contratos y evadir el cumplimiento de la ley de Emergencia Pública que el propio Congreso aprobó".
También advirtió que "el ministro de Economía debe convencerse de que la Justicia va a volver a frenar este nuevo decreto por ilegal", y agregó que "como no le bastaron los tres fallos anteriores, vamos otra vez a la Justicia para recordarle que debe cumplir con la Constitución y renegociar en su totalidad el contrato con las privatizadas".
