En los últimos días de diciembre del año 2000, el vicepresidente de la Legislatura porteña, el radical Jorge Enríquez, se presentó ante la Justicia para denunciar al director general de Adquisiciones del cuerpo, Hugo Verdier y a sus empleados, Omar Vázquez y Felipe Crespo. Los acusó por una serie de manejos irregulares en las gestión de distintas compras y contrataciones, todas ellas de escasa entidad monetaria.
Luego de un desordenado proceso de denuncias cruzadas, cinco causas comenzaron a tramitarse en diferentes juzgados, incluida una iniciada por los dueños de una agencia de mensajería de motos, que fueron amenazados telefónicamente.
La titular del juzgado de instrucción que recibió la causa por irregularidades administrativas, Mónica Berdión de Crudo, investigó tras la figura de "defraudación contra la administración pública" y sobreseyó en primera instancia a Verdier, Crespo y Vàzquez. La medida fue apelada por Enríquez y por el fical Pablo Lanusse, por lo que la enrevesada causa aterrizó en la Sala uno de la Cámara del Crimen.
Esta Sala, con la firma de los camaristas Edgardo Donna y Guillermo Navarro, revocó el fallo de la jueza Berdión de Crudo y le ordenó que profundizara la investigación hacia una figura diferente: "malversación de caudales".
Ya cuando la jueza sobreseyó a los acusados en primera instancia, el diputado Enríquez la había acusado porque "no investigó nada". En esta ocsasión volvió a cargar contra ella, alegando que "no tuvo en cuenta los expedientes administrativos que confeccionamos en la Legislatura, los cuales le hice llegar personalmente".
"En las actuaciones hay muchas irregularidades -asegura Enríquez, y se enoja- pero la frutilla del postre fue, cuando, en una adquisición de elementos médicos aparecieron tres presupuestos en los que aparecía la misma falta de ortografía: la palabra provisión escrita con ‘c’. No contentos con ese atentado contra las normas ortográficas, los tres presupuestos estaban dirigidos a la ‘Legislatura Autónoma de la Ciudad de Buenos Aires’, cuando es por todos sabido que es una aberración considerar autónoma a una Legislatura, y que la que es autónoma es la Ciudad de Buenos Aires".
"Este fallo es un reconocimiento a nuestro trabajo -finalizó Enríquez- ya que los 60 diputados estuvieron de acuerdo con que hicimos y ni siquiera los integrantes del partido de Verdier, Crespo y Vázquez se opusieron a denunciarlos. Lo que hicimos fue ejercer la impunidad cero contra la corrupción".
