El derrumbe del entrepiso del local Beara no sólo produjo la muerte de dos jóvenes mujeres y decenas de heridos, también generó una serie de declaraciones públicas señalando diversos responsables por la tragedia. Desde el Gobierno porteño, Mauricio Macri y varios de sus funcionarios mencionaron que el local había sido clausurado en dos oportunidades, y señalaron a la justicia como responsable de no convalidar el trabajo realizado por los inspectores, y ?dar sistemáticamente la razón al infractor?, dejando la multa contra el local Beara en suspenso.
Ante estas declaraciones, el Colegio de Magistrados, Integrantes del Ministerio Público y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, presidido por la jueza Claudia Alvaro, y la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Carla Cavaliere, unieron criterios y mediante un comunicado de prensa conjunto hicieron ?saber a la opinión pública que ante la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de esta ciudad, tramitaron dos legajos en los que se imputaron infracciones a las normas de faltas locales, y que en ninguno de dichos procesos la autoridad judicial decidió el levantamiento de la clausura del establecimiento, debido a que los ceses de las medidas habían sido ordenados en sede administrativa?.
Y tras aclarar que la clausura del local no fue levantada por la justicia, cuestionaron las declaraciones de la política.
?Resulta responsabilidad de todo funcionario, al emitir declaraciones públicas que involucran la actuación de terceros, en este caso de actores del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que las mismas reflejen con la mayor exactitud posible la realidad de las situaciones que se plantean y se hagan con estricto apego y respeto a la independencia de poderes?, finalizaron.
