En medio de numerosos incidentes, entre gases lacrimógenos y con el saldo de varios heridos, la Policía Federal intentó desalojar esta mañana un local perteneciente a la Unión Cívica Radical en el barrio de Congreso, que era habitado por numerosas familias "sin techo". Finalmente -y dejando claras muestras de un desaprensivo accionar-, la justicia ordenó postergar por dos semanas el accidentado desalojo, con el fin de que en ese lapso aparezca una solución.
A raíz de los incidentes fueron detenidas siete personas, que serán revisadas por personal médico luego de que sean "efectivamente registradas", comunicaron fuentes policiales.
La policía ingresó por la fuerza alrededor de las nueve de la mañana, abriéndose paso con gases lacrimógenos y ante las protestas de los ocupantes, que no se querían ir y continuaban dentro del local. Algunas personas, del total de las 40 familias que habitaban el antiguo Comité, resistieron hasta el final para no ser desalojadas, al grito de "vivienda sí, desalojo no".
Varias ambulancias del SAME concurrieron al lugar, llevándose a numerosos heridos, entre los que se encontraban una mujer embarazada y algunos menores. "Lo que pedimos es tiempo para la emergencia habitacional. El desalojo forzoso es represión", decía una de las abogadas representante de las familias, quienes reclamaban ser derivadas a los hoteles que contrata el Gobierno porteño para los "sin techo".
"Nosotros estábamos gestionando una negociación con los abogados de la UCR para ver si se podía suspender el desalojo. La UCR accedió a presentar un escrito solicitando la suspensión del desalojo durante 15 días, para encontrar alguna solución. Pero el juez no dio lugar a una negociación y en una fracción de segundo este lugar fue invadido por cuerpos de infantería y grupos especiales. Entraron a sangre y fuego. Acá hay lastimados, hay sangre. Ahora hay más de 150 personas en esa casa resistiendo el desalojo", denunciaba en medio de los incidentes una de las personas que habita el antiguo Comité.
La restitución de las oficinas ubicadas en la calle Ayacucho 132 (esquina Bartolomé Mitre) a manos de las autoridades del radicalismo había sido dispuesta esta mañana -con una inhabitual rapidez- por el Juzgado en lo Correccional Nº 9, Secretaría 65, a cargo del juez Gelgel. Y fue la misma Justicia en lo Correccional, con la misma rapidez pero dejando entrever una evidente desprolijidad, la que postergó el desalojo.
"Han entrado a golpes, con balas, con las armas en la mano, hay chicos lastimados, hay sangre y las ambulancias van y vienen", declaraba un desalojado, mientras decía que "nosotros hacemos responsable a este juez porque vemos la posibilidad de que haya muertes", explicaba. Lo cierto es que ni el problema de las 40 familias fue solucionado ni el inmueble regresó a manos de sus dueños, y el saldo dejó victimas y resquemores varios.
ECHEGARAY FUE PROTAGONISTA DE LOS FORCEJEOS CON LA POLICIA
El legislador porteño Patricio Echegaray (Izquierda Unida), acompañado por otros militantes de izquierda, fue también partícipe de los forcejeos y empujones librados contra los efectivos policiales que desalojaban las oficinas. La gente "ha sido agredida por la policía", aseguró el diputado.
Echegaray fue víctima de la brutal represión ejercida por las fuerzas del orden público. El diputado izquierdista denunció que "me acaban de dar un tremendo golpe en la mano, no es demasiado grave, pero hay gente que está muy lastimada", declaró. El legislador señaló que tres menores fueron internados en el Hospital Ramos Mejía con principio de asfixia y otros con golpes.
LAS OFICINAS DE LA DISCORDIA
Las oficinas que intentaron ser desalojadas no estaban siendo utilizadas por la UCR, después de haber sido parcialmente destruidas por una bomba en un incidente que, sin haber arrojado víctimas, tuvo una gran repercusión política años atrás.
En ese entonces eran utilizadas por el ex presidente Raúl Alfonsín, quien a partir de ahí dejó de visitarlas. Pero antiguamente, otros ilustres radicales como Ricardo Balbín y Juan Carlos Pugliese las utilizaron. Finalmente, a partir del abandono del lugar, algunas familias "sin casa" fueron apropiándose poco a poco de las oficinas, hasta llegar hasta este dramático desenlace, que parece que aún no está cerrado.
