La Legislatura porteña tenía previsto tratar el jueves pasado la Ley de Discapacidad para regular la incorporación de personas con necesidades especiales al Sector Público de la Ciudad de Buenos Aires y cumplir así con el cupo del cinco por ciento dispuesto por la Constitución de la Ciudad, pero los presidentes de los bloques legislativos decidieron posponer el debate hasta el próximo 14 de octubre.
Las razones de esta postergación son varias. Pese al consenso arribado en la Comisión de Legislación General y Trabajo en torno al proyecto -que tiene como base la iniciativa del diputado Ricardo Busacca por el cual se crea el sistema de incorporación de personas con necesidades especiales al sector de empleo público de la Ciudad-, las observaciones realizadas por el propio legislador y sus colegas Carlos Araujo, Mario Morando y Sandra Dosch, y las críticas y propuestas realizadas por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), complicaron el acuerdo.
En diálogo con NOTICIAS URBANAS, Busacca afirmó: "Los integrantes de la Comisión no tienen autoridad moral para desnaturalizar mi proyecto. Menos aún a sabiendas que una ley de la Ciudad no puede legislar en contraposición con lo que establece la Constitución porteña. Me extraña, al ver las firmas de los que suscribieron el despacho de la Comisión, que se hayan prestado a sugerir un texto que perjudica y/o discrimina en forma ostensible a las personas con necesidades especiales".
Por otra parte, el diputado macrista señaló: "No sé cuánto habrá de cierto en la carta de una Organización No Gubernamental (REDI) que hicieron llegar a mi despacho y que denuncia que el texto consensuado en la Comisión fue acordado con algunos responsables del Ejecutivo de la Ciudad. Quiero creer que esto no es así".
Hay tres puntos del proyecto consensuado que no son del agrado de Busacca: "En primer lugar, se establece que sólo un cinco por ciento de la planta permanente debe ser ocupado por personas con necesidades especiales cuando se sabe muy bien que los concursos están cerrados, por lo que es necesario extender el cupo a otras modalidades".
"Asimismo -agregó- se los pretende discriminar cuando se dice que deben ingresar en un cupo del cinco por ciento, cuando en mi proyecto se hablaba de un porcentaje no inferior al cinco por ciento, lo cual es una gran diferencia. Además, la gradualidad de esta incorporación pedía que sea a razón del uno por ciento por año, y no poner un plazo de cinco años cuando todos sabemos que se llega a ese período sin haber cumplido siquiera con el 20 por ciento del objetivo de la norma".
Por último, Busacca aseguró: "Estoy convencido que en el recinto muchos diputados al votar enmendarán este despacho y se terminará aprobando un texto que esté en consonancia con mi propuesta. Así se estará cumpliendo, ni más ni menos, que con estricta justicia con las personas con necesidades especiales".
