El 24 de noviembre de 2005, la Legislatura porteña aprobó por unanimidad la Ley N° 1.854, de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, que luego fue conocida como “Ley de Basura Cero”, el objetivo final de la norma.
Posteriormente, esta tuvo un accidentado camino para ser reglamentada, algo que se concretó mucho después de los 180 días que establecía el texto de la ley, por medio de los decretos 639/07, que entró en vigor el 4 de mayo de ese año, y 760/08, que fue publicado en el Boletín Oficial del 25 de junio del año siguiente.
El principal objetivo de la ley era disminuir el volumen de la basura que era enviada a los Centros de Disposición Final. En el Anexo I del Decreto Reglamentario de la Ley N° 1.854, que lleva el número 639/08, se ordenaba en el artículo sexto que la Ciudad debía de entregar en 2010 a la Coordinación Ecológica Área Metropolitana-Sociedad del Estado (Ceamse) solo 1.048.359 toneladas de residuos, entretanto que en 2012 debía reducir ese volumen hasta las 748.828 toneladas, y, en 2017, llegar a la meta de enterrar 374.414 toneladas. Finalmente, en 2020 quedaba absolutamente prohibido enviar a la Ceamse residuos que no fueran orgánicos.
Transcurrían por aquel 2005 tiempos convulsionados con respecto al método de tratamiento de los residuos sólidos urbanos (RSU), ya que los vecinos de los predios en los que estos se enterraban comenzaban a preocuparse por el impacto sobre su salud.
A causa de la oposición militante de estos aterrados vecinos, quedaron desactivados por aquellos años los Centros de Disposición Final ubicados en González Catán, Ensenada y Villa Domínico. No solo eso, sino que un año y medio antes de que se promulgara la ley, para ser exactos, en junio de 2004, la Ceamse licitó la instalación de nuevos rellenos, una iniciativa que fue rechazada sucesivamente por los vecinos de Olavarría, 25 de Mayo, Coronel Brandsen, Lobos, Punta Indio, Tapalqué, Las Flores, General Paz, Roque Pérez, Chascomús, Saladillo, Campana y Zárate.
El propio centro actualmente en actividad, que se encuentra ubicado a la vera del Camino del Buen Ayre y se denomina Norte III, debería haber sido desactivado en mayo de 2013. Solo la promesa de Mauricio Macri –por entonces jefe de Gobierno porteño– de reducir el volumen de RSU enterrables extendió, en acuerdo con el gobernador bonaerense Daniel Scioli, hasta mediados de 2014 su vida útil. Actualmente se proyecta ampliar Norte III, que está ubicado en el predio militar de Campo de Mayo, donde se erigen varios regimientos del Ejército.
De todos modos, esas dificultades para conseguir un nuevo terreno en el que establecer un nuevo Centro de Disposición Final son la razón para la prolongación de la vida útil de Norte III, que aún sigue en operación. Será difícil en el futuro perforar la escasa tolerancia que muestran los vecinos a la instalación de estos espacios, que hieden, contaminan y disminuyen los valores de sus propiedades.
En el camino del acuerdo con Scioli, Macri construyó en la propia sede del relleno Norte III una planta de tratamiento mecánico-biológico (MBT, por sus siglas en inglés), capaz de procesar diariamente 1.000 toneladas diarias de residuos reciclables. Esta recibe todos los RSU que envía al relleno la estación de transferencia de Colegiales.
Al mismo tiempo, el Gobierno porteño firmó el 12 de diciembre de 2012 (el Día del Hincha de Boca) un convenio con la provincia de Buenos Aires por el que se comprometió a disminuir, a partir del 1° de enero de 2013, la cantidad de RSU a 5.400 toneladas, en tanto que desde el 1° de marzo de 2013, la basura enviada a Norte III iba a bajar a 4.280 toneladas por día. Luego, el 1° de junio siguiente, debía disminuir a 4.150 toneladas, y el 1° de noviembre, a 3.350 toneladas. Finalmente, el 1° de enero de 2014 debería haber cumplido la meta de ingresar 1.350 toneladas en el relleno.
Paralelamente, el Gobierno porteño inauguró en septiembre 2012 la planta para el tratamiento de áridos y desechos de obras en construcción, que tiene capacidad para procesar 2.000 toneladas diarias. También puso en marcha una planta de tratamiento de residuos húmedos que tiene capacidad de procesar 3.000 toneladas diarias.
Hasta el día en que se escribe este informe –17 de enero de 2018–, todos estos objetivos navegan en agua de borrajas, ya que ninguno fue cumplido, aunque es una realidad que el enterramiento en Norte III disminuyó desde 2014 en aproximadamente un 40 por ciento. De todos modos, esta cifra se encuentra muy lejos de los objetivos de la Ley 1.854 y aún distante de los objetivos contenidos en el convenio firmado con la Ciudad.
En 2017, hasta el 31 octubre, la ciudad enterró 931.017,8 toneladas de RSU en Norte III, que equivalen a 2.800 toneladas diarias, cuando por el convenio firmado con la Provincia debería estar enterrando 1.350 toneladas. Muy lejos quedaron también las 1.027 toneladas que exigía la Ley de Basura Cero para ese mismo año.
No es extraño, de todos modos, que estos objetivos hayan sido incumplidos. Ya en 2009, Juan Pablo Piccardo, el primer ministro de Ambiente y Espacio Público de Macri, se manifestó en alguna ocasión escéptico con la importancia de la Ley de Basura Cero. Paralelamente, aseguraba por esos días que “del total de la basura, el 20 por ciento corresponde a escombros de construcciones, que la Ciudad enviaba a la Ceamse por un convenio que firmó Jorge Telerman”. “Nosotros lo anulamos y usamos los escombros para rellenar terrenos bajos, como en el Mercado Central. Además, estamos fomentando el reciclado con los convenios que firmamos con cartoneros y mejoramos el sistema de recolección diferenciada en hoteles, shoppings y otros grandes generadores. También estamos estudiando tecnologías para recuperar parte de la basura orgánica, que por ejemplo se puede usar como fertilizante. Para este año, la idea es bajar los residuos enviados en un 10 por ciento.”
En 2009, la Ciudad envió a la Ceamse 1.847.784 toneladas, en tanto que en 2010 la remesa fue de 2.110.122,2 toneladas, que significaban 5.780 toneladas diarias.
A modo de conclusión preliminar
El método de enterramiento de los RSU fue la solución alternativa que se planteó en los 70 frente al método de la incineración, que fue cuestionado con justicia a causa del nivel de contaminación que generaba. En los días que corren, la tecnología ha evolucionado y enterrar residuos ya no es una solución sustentable.
Los RSU son el punto de partida de la industria del reciclado, que considera que reutilizar el vidrio, los metales, la madera, el plástico, el papel, las pilas y los desechos tecnológicos es una actividad económica, que significa un ahorro en la explotación de los recursos naturales y, por lo tanto, en el impacto que sufre la naturaleza a causa de la masividad con que es atacada con motivo del derroche de sus dones.
Lo que se ha hecho en materia de reducción del enterramiento de RSU va en dirección correcta en algunos capítulos, pero es insuficiente. La Ciudad y la provincia de Buenos Aires cuentan con leyes específicas, que obligan a ambas jurisdicciones a valorizar los RSU y a utilizar los que son reciclables, en consonancia con la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental en Materia de Residuos Domiciliarios N° 25.916.
