El representante legal de Mauricio Macri, José María Torello, presentó ante la justicia federal una acción inhibitoria, solicitándole a la jueza electoral María Romilda Servini de Cubría que se excuse de actuar en el proceso comicial de la Ciudad de Buenos Aires, alegando que en esa jurisdicción le corresponde exclusivamente al Tribunal Superior de Justicia.
Por toda respuesta, la jueza rechazó la acción pero, como es un conflicto de jurisdicciones, elevó las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia, que decidirá sobre la cuestión. De todos modos, Servini de Cubría ratificó su decisión del lunes pasado, por lo cual la suspensión de los comicios en la Ciudad aún se mantiene vigente.
El lunes, la jueza había dictaminado la suspensión de las elecciones para jefe y vicejefe de Gobierno y para legisladores de la ciudad, alegando conflictos de competencia con el Tribunal Superior con respecto a la oficialización de las boletas y los padrones electorales. Lo hizo respondiendo a una acción de amparo del apoderado del Partido Justicialista.
Posteriormente, el jefe de Gobierno anunció que desconocía el fallo y ratificó la fecha del ocho de junio para la realización de los comicios, actitud en la que fue calurosamente acompañado por su archirrival, Mauricio Macri.
Pero, fuera de los estrados judiciales, se pelea otra guerra contra el ocho de junio. El miércoles pasado, en una conferencia de prensa que se realizó en el Cabildo, los candidatos a jefe de Gobierno Rafael Bielsa, Patricia Bullrich, Cristian Caram y Gustavo Beliz, a los que se sumaron los precandidatos a la misma función Enrique Rodríguez y Julián Licastro, anunciaron la presentación de proyecto para postergar las elecciones hasta el cinco de octubre. La deserción del ARI, que ese mismo día se sumó a Fuerza Porteña -el instrumento electoral de Ibarra-, abortó la aprobación del proyecto, que se quedó en la puerta al sumar 29 de los 31 votos necesarios.
Anteriormente ya se habían presentado tres recursos de amparo -pidiendo la postergación de las elecciones- ante el Fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, cuyos autores fueron Patricia Bullrich -éste es el único que tiene sentencia y fue rechazado-, Andreína de Luca de Caraballo -presidenta de la Fundación Ciudad- y por el diputado Ricardo Busacca. Estas dos últimas todavía se encuentran a la espera de una sentencia, que se supone que va a ser denegatoria en ambos casos.
Al contrario de lo que ocurre con las elecciones nacionales, que casi aburren al electorado, los comicios porteños están logrando quebrar la apatía de los votantes con sus viciscitudes judiciales, aunque que por el costado negativo. En este culebrón electoral ya se sucedieron una infinidad de presentaciones judiciales, frustrados proyectos legislativos de postergación, conferencias de prensa y declaraciones cruzadas, siempre con el objetivo de echar culpa sobre los otros acerca de los sucesos que se van desencadenando. Finalmente, como no podía ser de otra manera ante semejante despliegue de ceguera política, la Corte Suprema de Justicia decidirá sobre lo que debería haber decidido la dirigencia política, que una vez más demostró su impotencia.
