Bernardo “Bernie” Pérez is back. O mejor dicho: nunca se fue. Si la estrategia avanza como está establecida, el directivo de Servicio de Estacionamiento Controlado (SEC) podrá legalizar la situación de su empresa con la “prestación integral” de grúas y cepos.
“Artículo 11. Forma de Cotizar: la presentación de cada oferta se hará en un sobre o paquete debidamente cerrado, identificado con el número de licitación e indicando la zona para la cual cotiza sin ninguna otra inscripción en el sobre”, reza la letra chica de los pliegos para la licitación del servicio integral para la prestación del servicio de estacionamiento.
Como señaló en su dictamen el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), la Auditoría General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires informó que “el contrato con la empresa BRD (que maneja SEC) está vencido desde el 25 de marzo de 2001” y apuntó a BRD –controlada por Pérez– por una deuda millonaria con el fisco porteño, que permitiría construir varios colegios.
Con el título “Grúas descontroladas”, Noticias Urbanas, en su edición Nº 415, publicó que Bernardo Pérez figuraba como monotributista, categoría D y que esperaba el llamado a licitación.
El subsecretario de Tránsito y Transporte, Guillermo Dietrich –el mismo que admira los cambios en materia de puentes en la Corea del Norte del dictador Kim Jong Un–, ha sido el defensor mediático de las condiciones para el nuevo sistema, aunque nunca participó de los debates que llevó adelante la Comisión de Tránsito y Transporte.
Cuando la Legislatura aborde los pliegos, el Poder Ejecutivo de la Ciudad estará en condiciones de publicar la licitación y la lista de empresas interesadas en presentarse. La concesión del servicio será por 10 años y con la posibilidad de ampliar zonas de influencia.
Según una ley aprobada en noviembre de 2011, el jefe de Gobierno tiene facultades para llamar a licitación pero cambiando la ecuación: los concesionarios percibirán un canon por servicio.
Si bien surge un cambio en la lógica de la administración del negocio, a partir de ahora la Ciudad tendrá una “autoridad de aplicación” que ordenará el trabajo cotidiano ayudada con un GPS. Y habrá un 10 por ciento de lo recaudado para que cada empresa pueda hacer fondo propio. El restante 90 por ciento irá a las arcas estatales.
La recaudación irá con asignación específica para el transporte público, algo que el cuerpo legislativo en su conjunto comparte.
En la actualidad, por el contrato que viene desde la época de Carlos Grosso, la Ciudad solo cuenta con dos zonas: la 1 y la 2.
Merced a los buenos oficios del joven Dietrich, SEC logró expandirse hacia Puerto Madero, un barrio que no estaba dentro de la legislación. Con el argumento de que una asociación de vecinos les pidió a las autoridades porteñas que ordenara el tránsito en el barrio, el funcionario aceptó expandir allí la zona de influencia de SEC.
Noticias Urbanas intentó saber si esa autorización correspondía a una resolución gubernamental en favor de Bernie, pero no fue posible. En el nuevo mapa del “tránsito ordenado” las zonas alcanzarán a cinco, donde además de las actuales 1 y 2 entrarán en la órbita otras con el corazón puesto en Caballito y Belgrano-Núñez.
Las concesionarias tienen la obligación de poner estaciones de estacionómetros, máquinas tickeadoras, señalización, control de estacionamiento en la vía pública, hacer el acarreo de vehículos en infracción o a requerimiento de las autoridades y la inmovilización de vehículos en infracción.
El expediente Nº 3.566-J-2012 para llamar a “Licitación Pública Nacional para la concesión de la prestación de servicios relacionados con el Servicio Público del Sistema de Estacionamiento Regulado de la CABA” cuenta con el dictamen de mayoría que obtuvo el macrismo. En minoría hay otros tres, por lo que se buscarán hallar algunos puntos en común durante la sesión en la que se trate el proyecto.
El titular de la Comisión de Tránsito y Transporte, el kirchnerista Claudio Palmeyro, dijo que “el despacho presentado por el bloque oficialista dista de alcanzar los presupuestos mínimos que permitan su acompañamiento, así como los consensos necesarios para su sanción”, por lo que “solicita su vuelta a comisión para continuar su tratamiento”.
Y un legislador, Rafael Gentili (Sumar I+D), pide por la incorporación a planta permanente de los llamados “tarjeta azul”, unos cientos de trabajadores que se encargan de mediar con las boletas para estacionar. Las empresas tienen reparo a este requerimiento, pero podría ser incluido en la negociación. El actual proyecto no los contempla, por lo que estos trabajadores podrían quedar en la calle.
Otro de los puntos en discusión es el lugar para los “residentes” a la hora de estacionar y cuánto deberían pagar o, tal vez, no pagar. Por tal motivo está en pleno debate el cronograma “progresivo 2”, donde un vecino de la Ciudad podría tener ventajas en el momento de estacionar su automóvil en la calle si vive en ese barrio.
Bernardo Pérez está más cerca de acariciar su objetivo de tener una concesión legal y que le permita competir en otras ciudades. Los legisladores no lo escucharon y más de uno no lo conoce, pero la comisión de evaluación técnica sabrá pronto de él.
