Amado Boudou volvió a sorprender y pidió que su declaración indagatoria del próximo lunes 9 de junio sea televisada “para todo el país”. Sin embargo, al tratarse de un procedimiento que suele transcurrir en un ámbito de privacidad, se abrió el debate acerca de si era viable o no el pedido del vicepresidente. Hasta que el fiscal de la causa, Jorge di Lello, confirmó que en principio no habría impedimentos para hacerlo si el juez Ariel Lijo lo autoriza.
“El imputado puede decir que no quiere que la audiencia sea pública, pero, como el que sería afectado a gravamen en una audiencia es él, no se ve que haya prejuicio, más allá de lo que decida el juez”, explicó el fiscal a cargo de investigar el caso que intenta determinar si hubo maniobras ilegales en la compra de la imprenta de valores Ciccone Calcográfica.
Luego, Di Lello matizó sus palabras: “La memoria es traicionera, tendría que mirar tranquilamente el Código. Pero yo no recuerdo que esté prohibido que la audiencia sea pública”.
En diálogo con TN, ratificó además que, en su opinión, “hay elementos suficientes” como para sospechar que el Vicepresidente realizó maniobras por fuera de la ley para que sus allegados pudiesen adquirir la imprenta de valores.
