El fiscal Guillermo Marijuan pidió llamar a declaración indagatoria a Natasa Loizou, la titular de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC) al considerarla responsable de las trabas administrativas que impidieron el ingreso al país de un lote de 60 pistolas Taser comprado por el Gobierno de la Ciudad.
La citación se da en una causa abierta por la denuncia del legislador porteño Roberto García Moritán en el juzgado federal 9 a cargo de Luis Rodríguez pero que es subrogado actualmente por Sebastián Casanello.
Y se da luego de que el Ministerio de Justicia -de quien depende la ANMAC, el organismo que controla las armas- apelara hace unos días otro fallo a favor de la Ciudad, con argumentos que excusaban los incumplimientos administrativos en razones de la pandemia y la imposibilidad de gestionar el ingreso por la falta de presencialidad laboral.
El funcionario de Horacio Rodríguez Larreta había declarado que el Ejecutivo Nacional negaba arbitrariamente la autorización de importación de armas de baja letalidad por cuestiones “ideológicas”.
Con la investigación delegada en él, el fiscal Marijuan reconstruyó el trámite administrativo y los expedientes de la ANMAC -con innumerables idas y vueltas- relacionados a la compra de “un lote de SESENTA (60) armas electrónicas incapacitantes tiro a tiro, marca Taser, modelo X2, con destino a la Policía de la Ciudad de Buenos Aires”.
La compra de la Ciudad se produjo en 2021 y el trámite de autorización de importación que se inició el 12 de mayo de ese año. Desde entonces y hasta 2023, el trámite acumuló idas y vueltas de verificaciones y confirmaciones que devinieron en que el fiscal estimara que la funcionaria Loizou incurrió en delitos de abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Es que el fiscal tomó testimonios de la empresa proveedora, Buccello y asociados SRL y de su derrotero administrativo que la autorización para las Taser sufrió dentro de distintas direcciones de la ANMAC y durante al menos dos años.
Tal es así que la Ciudad decidió presentar un amparo por las demoras infundadas -el material tenía aprobaciones técnicas- y hace una semana logró un fallo a favor que obligaba a Nación a dar una respuesta en 30 días.
Pero el Ministerio de Justicia, a cargo de Martín Soria, apeló esa disposición, basándose en “la situación de pandemia epidemiológica que azota al mundo entero” y en la “limitación en la prestación de servicios administrativos presenciales” que infiere aún persiste en las oficinas de la ANMAC. Y ello aún está pendiente de resolución en la instancia superior de Cámara.