El exministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, y la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, fueron citados a prestar declaración indagatoria el 20 y 21 de noviembre, respectivamente.
Ambos fueron convocados por el juez Luis Rodríguez, titular del juzgado federal número 9, con asiento en los tribunales federales de Comodoro Py. A Aranguren se le imputa “negociaciones incompatibles con la función pública” porque asumió en la cartera energética siendo accionista de Shell, petrolera a la que debía controlar cuando estaba en el Estado y, por el contrario, habría beneficiado con distintas medidas. Recién vendió los papeles en su poder 9 meses después de llegar al cargo y tras mucha resistencia. Laura Alonso está acusada de encubrir al exministro, según publicó en primicia El Destape.
La denuncia que dio origen a este expediente la realizaron en 2016 los diputados Martín Doñate y Rodolfo Tailhade, quienes apuntaron entonces contra Aranguren porque siendo ministro era accionista del Grupo Royal Dutch Shell Plc. De esta forma, habría incurrido en una “incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de interés” en tanto la multinacional participa activamente del mercado energético que debía regular el entones funcionario.
Según pudo reconstruir El Destape de fuentes judiciales, existen hechos concretos “que permitirían afirmar que el exministro habría provocado una serie de actos perjudiciales para el Estado”. Aranguren es patrocinado por Alejandro Pérez Chada, abogado y amigo del presidente Mauricio Macri. Y del Grupo Clarín.
La Justicia también apunta contra Laura Alonso porque como titular de la OA se estima que encubrió la conducta de Aranguren “cuando se encontraba obligada a investigarlo (y, en su caso, sancionarlo o removerlo)”, tal como se desprende de la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública.
Tanto el exministro (dejó el gabinete de Macri en junio del año pasado) como la actual funcionaria deberán ejercer su primer acto de defensa en este expediente luego de las elecciones. Aranguren ya había presentado escritos ante Rodríguez pero sus explicaciones no fueron consideradas suficientes para el juez. Por eso, se determinó la indagatoria. Luego de indagarlos, el magistrado tendrá 10 días hábiles para resolver si les dicta o no el procesamiento.