El convenio firmado entre Nación y Ciudad a principios de febrero que establece el traspaso de los ex-centros clandestinos de detención a manos del gobierno nacional fue enviado este viernes a la Legislatura porteña para su ratificación.
El acuerdo rubricado por la vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gabinete de la Nación, Jorge Capitanich, le transfiere por 30 años la administración de la ex ESMA, el ex Edificio de Casino de Oficiales, el Pabellón Central, La Imprenta, el Taller Mecánico y la Enfermería, todos situados en avenida Del Libertador 8151 al 8461; el centro Automotores Orletti, de Venancio Flores 3519/21; Club Atlético, de Paseo Colón 1200; Olimpo de Ramón Falcón 4250, y Virrey Cevallos, de Virrey Cevallos 628/630. Todos ellos se encuentran ubicados en territorio porteño.
Junto con el convenio el Ejecutivo porteño envió un proyecto de ley que contempla la disolución del Instituto Espacio Para la Memoria (IEM), el ente perteneciente al gobierno de la Ciudad que estaba encargada de la administración de predio de avenida del Libertador. No obstante, el personal que actualmente trabaja tanto en la ex ESMA como en los otros centros será transferido a la órbita nacional.
Cuando se conoció la idea del macrismo del traspaso, desde UNEN rechazaron la propuesta ya que, sostuvieron, “se trata de un acuerdo que relega a los históricos movimientos de DD.HH. y pone en riesgo la continuidad de políticas públicas en materia de memoria“.
El Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria también rechazó el traspaso: “La decisión inconsulta de traspasar los sitios de memoria bajo la guarda del IEM a la órbita nacional es una práctica antidemocrática“, argumentaron.
