Pese a las fuertes críticas de la oposición, la iniciativa fue sancionada con 130 votos afirmativos, 99 negativos y dos abstenciones, una semana después de haber sido aprobada por el Senado.
Entre otros puntos, la normativa -que había sido enviada al Parlamento pro el Gobierno- prevé el pase de un sistema inquisitivo a uno acusatorio, pero además deja la investigación en manos del fiscal mientras el juez pasa a actuar como garante del proceso y a dictar las sentencias.
La investigación preparatoria del fiscal puede tardar hasta un año y termina con la acusación del imputado. Todo el proceso, incluido el juicio, no puede durar más de tres años.
También se elimina el juicio por expediente y se establece, en su lugar, la audiencia oral y pública como el escenario para desarrollar el juicio y aplicar la sentencia.
Incluye, asimismo, la posible expulsión del país a los extranjeros que hayan sido encontrados cometiendo un delito en flagrancia y establece el decomiso a favor del Estado Nacional de objetos o ganancias que son fruto o provienen del narcotráfico.
El nuevo código cuenta con 349 artículos y mantiene la posibilidad de tener detenido a quien haya sido encontrado en flagrancia durante 72 horas y se agregó la posibilidad de que el fiscal pueda prorrogar esa detención por 72 horas más.
