Los vecinos de 20 barrios porteños exigieron el miércoles al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y al bloque oficialista en la Legislatura la declaración de la “Emergencia Urbanística Ambiental” provocada por el fenómeno inmobiliario en el distrito y exigieron una respuesta a su petición para poner un freno a la ola de nuevas construcciones que alteran la morfología urbana.
El pronunciamiento se dio en una marcha frente a la sede parlamentaria de Perú 160, convocada por la “Red Interbarrial Buenos Aires”, un colectivo vecinal creado recientemente por movimientos barriales que se agruparon para denunciar “las consecuencias negativas de la aplicación del nuevo Código Urbanístico en la Ciudad de Buenos Aires”.
Durante la movilización, los referentes barriales leyeron un documento, que posteriormente fue entregado en la Legislatura y a la Jefatura de Gobierno que planteó la declaración de la “Emergencia Urbanística y Ambiental”, y exigieron “la suspensión inmediata del otorgamiento de permisos de demolición, de obra nueva que superen los nueve metros de altura o invadan el pulmón de manzana y de certificados urbanísticos”.
“La situación actual requiere de medidas extraordinarias, urgentes y transitorias, que impidan que la nueva normativa llegue tarde, resultado absolutamente ineficaz”, indicaron a Télam en relación a la decena de proyectos elaborados por los colectivos barriales y elevados ante el Parlamento tendientes a cambiar el Código vigente.
Destacaron que “nuestros barrios pierden su memoria y su identidad mientras las obras destruyen casas y árboles y el espacio se lotea al mejor postor” y “los servicios básicos se convierten en escasos e insuficientes”.
Entre los barrios cuyos residentes participaron de la marcha se encuentran Villa Ortúzar, Villa Del Parque, Villa Devoto, Villa Santa Rita, Colegiales, Chacarita, Palermo, Boedo, Parque Chacabuco, La Paternal, Caballito, Coghlan, Villa Pueyrredón, Villa Urquiza, Saavedra y Almagro.
Neira y Rossen acompañaron el reclamo
“No hay barrios donde no haya problemas en CABA. Jorge Macri te dice que debe cambiarse el Código Urbanístico, pero hoy son quienes gobiernan”, criticó la legisladora porteña del Frente de Todos (FdT), Claudia Neira.
“Invitamos a sumarse a vecinos y organizaciones de todos los barrios porteños”, publicó la organización en la convocatoria pública que tiene como objetivo denunciar las consecuencias de la aplicación del nuevo Código Urbanístico, afirmó.
Neira señaló que el actual Código Urbanístico genera “un impacto muy negativo” en la Ciudad de Buenos Aires y que “no hay barrios donde no haya problemas”.
Junto a los vecinos y vecinas de la Asamblea Interbarrial Buenos Aires que se vienen organizando para ponerle límites al Código Urbanístico y pedir su reforma.
Los acompañamos en el reclamo para que @LegisCABA se comprometa a tratar sus proyectos. pic.twitter.com/pNsV3GHqa9
— Claudia Neira (@NeiraClaudia) September 6, 2023
Por su parte, la arquitecta y candidata a vicejefa de Gobierno por Unión por la Patria (UxP), Bárbara Rossen, aseguró que el movimiento vecinal pidió “que se respete la calidad ambiental, rechazando el Código Urbanístico vigente, que es el que genera este modelo de especulación inmobiliaria que hace que cada día sea más difícil vivir en la Ciudad”.
“Hay que construir una Ciudad en función de las necesidades y de manera participativa y esta movilización plantea, claramente, que los vecinos no se sienten parte, no fueron consultados y que la Legislatura tiene la obligación, como casa de la democracia, de ser el lugar donde las políticas se construyan por consenso”, señaló.
En Palermo protestaron con un cacerolazo
En tanto que vecinos del barrio porteño de Palermo se sumaron al reclamo y protestaron contra el inicio de la construcción de una torre de 20 pisos en la zona, al considerar que el emprendimiento inmobiliario será perjudicial porque “generará una disrupción morfológica” y “un colapso de la infraestructura de los servicios públicos”.
El reclamo ocurrió en las inmediaciones de la torre proyectada en la calle Lafinur al 3100 y que fue autorizada por una ley de la Legislatura, que avaló el convenio urbanístico alcanzado entre la desarrolladora Proyecto 43 con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
En rigor, el acuerdo urbanístico data del 2021 y dispuso una extensión a 60 metros la altura permitida para la edificación prevista y, a modo de compensación, la empresa otorgaría al Estado porteño una cifra que ronda los 6 millones de dólares.
Frente a ello, los vecinos de Palermo, junto al Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), radicaron un amparo colectivo ante la Justicia porteña para frenar la obra “por incumplir con las regulaciones vigentes en este tipo de emprendimientos urbanos de alto impacto”.