Hay dos clases de políticos: los que quieren saber de dónde viene la plata y los que no. El financiamiento gris o negro de la actividad pública y de la manutención de la vida (no siempre apocada) de quienes trabajan full time en el rubro existe desde que existe la política, la profesión más antigua del mundo. El problema es que ahora está entrando en crisis, desnudo ante la progresiva pero firme retracción del secreto bancario en el sistema financiero y las nuevas tecnologías, que cada año que pasa hacen más complicado el manejo de grandes sumas de dinero por fuera del circuito legal. El cambio de época ha desembocado en una ola de denuncias e investigaciones que les ha costado el cargo y la libertad a hombres poderosos, ha destruido empresas varias veces millonarias y ha llevado a la quiebra a sistemas políticos enteros. Solo en los últimos meses, la lista es enorme: Mariano Rajoy destituido en España, Jacob Zuma renunciado en Sudáfrica, PPK obligado a dimitir en Perú, Marcelo Odebrecht y Lula presos en Brasil. La buena noticia, vocean los altoparlantes del Titanic, llega a la Argentina. No tendremos Apple Store ni Uniqlo, pero tenemos nuestro propio Lava Jato.
El tema no resulta novedoso, pero la denuncia de Juan Amorín contra María Eugenia Vidal por el uso de aportantes truchos en la campaña bonaerense destapó, como nunca antes en este país, un sistema integral dedicado al blanqueo de financiamiento electoral en negro. Lo que comenzó como una investigación sobre un puñado de casos en dos partidos del conurbano escaló en pocas semanas y ahora involucra a varios distritos y por lo menos un par de ciclos electorales. Desde un primer momento son públicos los muchos documentos que comprueban el fraude. El testimonio de cientos de personas de condición muy humilde cuyas identidades fueron usurpadas por Cambiemos para justificar gastos proselitistas por más de cien millones de pesos le agrega drama a la injuria. “Todos lo hacen, ¿por qué me miran a mi?” es la respuesta que querría poder dar la gobernadora, pero no puede; llegó a ese cargo prometiendo que ella era diferente. Obligada por las circunstancias, expulsa a la tesorera del partido y se pone “a disposición de la Justicia”. Es curioso: cada vez que un funcionario Pro se pone “a disposición de la Justicia”, apartan a un fiscal.
En este caso se trató de Hernán Schapiro, del fuero penal de La Plata, que el mismo día que recibió el expediente en su fiscalía fue desplazado gracias a un oportuno ascenso. ¡Enhorabuena! En su lugar no fue designada la subrogante natural sino que se eligió a dedo a un fiscal de otro fuero, casualmente uno que tiene antecedentes simpáticos al oficialismo. El artífice de la maniobra es el procurador interino Eduardo Casal, que ya había ayudado con maniobras similares a limpiar las causas de Correo Argentino contra la familia Macri y la de Anses, que apuntaba al titular de ese organismo, Emilio Basavilbaso, y al presidente del Banco Central, Luis Caputo. Al parecer, Casal se siente muy cómodo en su interinato y el Gobierno tampoco tiene mucha urgencia en que se termine. Quizá por eso nadie parece estar poniéndole mucha garra al trámite del pliego de la candidata “oficial” del oficialismo para ese cargo, a quien el Presidente conoció porque compartían el mismo gimnasio.
Y entonces aparecieron los cuadernos de Centeno. Y después desaparecieron, pero eso, al parecer, carece de importancia jurídica en Comodoro Py. Gracias a las copias digitalizadas pudimos leer otra trama de corrupción vinculada también al financiamiento ilegal de la política, y que involucra, al menos, a un puñado de funcionarios del gobierno anterior, con la posibilidad, según la hipótesis del juez y del fiscal, de escalar hasta la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. El público no conoce más pruebas que la versión del exmilitar con prosa de agente de inteligencia devenido chofer del Poder Ejecutivo, que llegaron a manos de Claudio Bonadio (caramba, qué coincidencia) a través de una cadena de voluntades que incluye un expolicía exonerado. Más allá de la veracidad de todos o de algunos datos que aporte ese testimonio, todo parece una operación de inteligencia a la que le falta un golpe de horno, como pasó con la denuncia de Alberto Nisman sobre el memorándum con Irán. Por cada nudo hay dos cabos sueltos.
La investigación, que tendrá la difícil tarea de encontrar fruta fresca en un árbol ponzoñoso, cayó en manos (es una forma de decir) del fiscal Carlos Stornelli, que a pesar de haberse dedicado a este expediente durante seis meses no pudo hacerse con un elemento de prueba clave. Uno podría pensar que la investigación que le encomendaron no le deja ni un minuto libre y por eso todavía no ordenó medidas de prueba en la segunda causa por aportes truchos de Cambiemos, que, adivinen, también está en sus manos. Pero ni siquiera: el fin de semana pasado se dejó fotografiar muy canchero por paparazzi en la cena anual del CARI. En la foto se lo ve sonriente junto a Laura Alonso, la confesa enamorada del Presidente y titular de la Oficina Anticorrupción. Sería una postal social más de la familia política argentina en tiempos de Cambiemos a no ser porque el fiscal está a cargo de la investigación en una denuncia del periodista Sebastián Lacunza contra la funcionaria por la contratación irregular de una consultora que se dedica al lobby político. En la foto no se los ve muy incómodos.
¿Entonces? Flota en el aire un todavía sutil pero persistente aroma a crisis sistémica. Eau de Quesevayantodos. Todavía no, pero casi. Se está caminando por el borde del abismo. Nunca hay que olvidar que después del Mani Pulite vino una década de Berlusconi, y el Lava Jato en Brasil dejó en las ruinas a la que era, hasta la década pasada, la vedette de las potencias emergentes. El problema del financiamiento ilegal de la política argentina debe resolverse con urgencia pero su solución no debe ser más costosa que la enfermedad. No puede llevarse puesta las garantías judiciales, el Código Penal o la Constitución; el precio de las cuentas claras no debe ser el espionaje político, las detenciones de madrugada ni las confesiones bajo tortura. La vendetta judicial y política conduce hacia el quiebre democrático. Hace falta equidad y transparencia: que sean claras las cuentas de la política pero también del Poder Judicial. Sin eso, es solamente circo. Y el antiguo lema romano decía “pan y circo”. No “pan o circo”.
