¿Un regalo para demorar las causas contra Cristina Kirchner, ya elevadas a juicio oral? ¿O, todo lo contrario, un remedio preventivo para evitar que esos casos, más adelante, queden en la nada? La acordada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que sentenció que el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 9 (TOCF 9) no estaba habilitado y, por ende, debían quitársele las causas contra la expresidenta en las que había salido sorteado, desató una nueva guerra entre el Poder Judicial y el Ejecutivo. Una guerra en pleno desarrollo y con alcances inesperados.
Un poco de contexto para comprender mejor la pelea. A fines de 2016, con apoyo del peronismo, el Gobierno logró aprobar una ley para convertir en juzgados federales a tribunales ordinarios de la Ciudad. ¿El objetivo? Acelerar los juicios orales, en particular los vinculados a la corrupción. Así quedó conformado el ahora famoso TOCF 9, que, previa intervención del Consejo de la Magistratura y la Cámara de Casación Penal, empezó a participar de sorteos de causas y en febrero le fue asignada una vinculada al empresario Lázaro Báez. La conocida como “La ruta del dinero K”. También le “cayeron” la del direccionamiento de la obra pública y la del Memorándum con Irán, estas dos últimas con Cristina Kirchner como principal acusada.
En su acordada, los cinco miembros de la Corte (Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Elena Highton y Carlos Rosenkrantz) coinciden en que, al momento de incluirlo en los sorteos, el TOCF 9 no estaba habilitado, por lo cual esas causas elevadas a juicio deben volver a sortearse. Pero además, por voto dividido, Lorenzetti, Rosatti y Maqueda fallaron directamente contra la habilitación de ese tribunal, porque aducen que los jueces que lo componen (Alejandro Noceti Achával, Silvia Mora y Alejandro Becerra) no fueron elegidos por el Senado y, por lo tanto, no pueden ocupar el cargo de un magistrado federal.
Sectores opositores acusan al TOCF 9 de estar conformado a gusto del Gobierno nacional. Y más: siembran sospechas sobre los largamente sospechados sorteos de causas que realiza Casación. Esto quedó claro también en la acordada de la Corte Suprema, donde exhortan al máximo tribunal penal a transparentar el proceso.
En el Ejecutivo no quedaron conformes con el fallo. Al menos un sector importante, con el ministro de Justicia, Germán Garavano, a la cabeza, que ve un repliegue corporativo de los jueces de la Corte ante el impulso del oficialismo a cambios en el Poder Judicial. Esto, agregan, tendría un fuerte impacto en los tribunales federales de Comodoro Py, los que juzgan la corrupción y donde radica buena parte del poder de Lorenzetti.
En el Gobierno lo llevan a la matemática: si nuevos tribunales como el TOCF pueden juzgar estos casos, el poder de los actuales jueces federales empieza a licuarse.
En un sector de la Corte, aún dentro de los críticos de Lorenzetti, contraponen otro argumento: si avanzaban los juicios contra Cristina en el TOCF 9, la defensa de la expresidenta podría plantear la elección inconstitucional de sus miembros y los casos finalmente se caerían.
Pero más allá de cómo se termine de resolver este caso –la Corte ordenó un nuevo sorteo urgente de esas causas–, la puja entre estos dos grandes poderes del Estado está abierta. El máximo tribunal tiene en sus manos una decisión que hace temblar al Gobierno. Debe decidir, a partir de un caso que llegó allí, qué índice debe tomarse para calcular retroactivos de jubilados. Para resumir: hay dos parámetros, uno más alto y otro más bajo, que es el que usó el Ejecutivo para la Reparación Histórica. Pese a esta ley, miles de jubilados mantuvieron su reclamo en tribunales, justamente porque quieren que los retroactivos se calculen con la fórmula más beneficiosa para ellos. Si la Corte les da la razón, le generará a la Anses un agujero económico. El expediente ya está circulando por las diferentes vocalías de los cortesanos. En el Gobierno lo siguen atentos.
En paralelo, se coló la decisión de dos jueces de una Cámara Federal (Eduardo Farah y Jorge Ballestero) de liberar al empresario Cristóbal López y a su socio Fabián de Sousa y, lo peor para el Gobierno, de cambiarles la imputación. Así, pese a que se quedó con 8.000 millones de pesos de un impuesto a los combustibles que debía transferir a la AFIP y los usó para ampliar su grupo empresarial, López quedó ahora procesado por un delito económico (y no penal), que le facilitaría entrar en una moratoria y pagarla en cómodas cuotas.
El Gobierno tiene en la mira hace meses a uno de los dos jueces que tomó esa decisión: Ballestero. Lo considera el “juez más dañino que hay hoy, sinónimo de impunidad”. ¿Lo atacarán en la Magistratura o esperarán que se jubile? Algo similar ocurre con el juez federal Rodolfo Canicoba Corral, a quien le quedan menos de dos años en el Poder Judicial. Un tercer apuntado por el Gobierno, Daniel Rafecas, que tuvo una sanción económica de la Magistratura, podría tener una salida más decorosa, con algún otro cargo vinculado a la Justicia, y dejar su sillón de juez. Al menos con esto se ilusionan en el Ejecutivo.
