La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, y el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, detallaron en Diputados el cuadro de situación sobre violencia institucional en el país, ante el incremento de casos de gatillo fácil en distintas provincias. Las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías continuarán trabajando con estos funcionarios para elaborar un proyecto de ley que tipifique este tipo de delitos. Por otro lado, remarcaron el compromiso del Gobierno en la búsqueda de Facundo Astudillo Castro, el joven desaparecido desde el 30 de abril en la provincia de Buenos Aires.
En su primera intervención ante el plenario de comisiones, la ministra Frederic remarcó que el control de la violencia insitucional “es un eslabón fundamental en la construcción de un modelo de seguridad democrática y de una sociedad más justa y segura”. En el marco de la cuarentena obligatoria precisó que se denunciaron 39 casos de este tipo. “El personal implicado suma un total de 96, y hay 10 acciones disciplinarias en curso”, agregó.
Sobre el personal implicado detalló que 20 son de la Gendarmería Nacional, otros nueve de la Policía Federal Argentina, siete de la Prefectura Naval Argentina y uno de la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Por estos casos, la ministra Frederic dijo que se puso en contacto con los gobernadores de las provincias que tienen nuevas víctimas de gatillo fácil y señaló que es “un tema de agenda determinante en las reuniones del Consejo de Seguridad Interior”.
Por otro lado, buscó diferenciarse de la gestión de Patricia Bullrich. Aseguró que están trabajando en “el esclarecimiento de la responsabilidad del personal involucrado en hechos de violencia institucional y la aplicación de la correspondiente sanción de modo de evitar la impunidad de la conducta”. Aunque sobre esto, Pietraglla fue más preciso: “Jamás vamos a recibir a un policía que dispare a las víctimas por la espalda”, en relación al buen vinculo de la gestión macrista con Luis Chocobar, el policía que asesinó por la espalda a Pablo Kukoc.
Además, el secretario Pietragalla remarcó que “la violencia institucional no tiene banderías políticas. No hay gobiernos desde la vuelta de la democracia que no hayan tenido estos hechos”. En este contexto, el funcionario les pidió a los diputados “tener un compromiso entre todes para generar políticas transversales que piensen en erradicar esta problemática”.
Durante la gestión de Cambiemos –explicó Pietragalla– bajó la actividad de la secretaría que hoy conduce. Su antecesor en el cargo, Claudio Avruj, dejó solamente cinco trabajadores en la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, de los 40 que habían en 2015, es decir, casi sin funcionamiento. “A partir del 10 de diciembre queremos empoderar esta área. Hoy contamos con 12 trabajadores, que están trabajando desde sus casas y desde la secretaría”.
A lo largo del debate, la oposición remarcó los casos de gatillos fácil que ocurrieron en lo que va de la gestión de Alberto Fernández, como la desaparición forzada de Facundo Castro, el crimen de Luis Espinoza y Lucas Verón, entre otros. El radical Luis Petri se encargó de exponer el dogma macrista: “Santiago Maldonado se ahogó”, dijo el mendocino, que no dudó en justificar el accionar de Gendarmeria y de Patricia Bullrich durante la gestión de Cambiemos.
Ante los reproches de Juntos por el Cambio, la diputada Gisela Marziotta (Frente de Todos) contestó: “Nosotros repudiamos cada uno de esos casos que se mencionaban. Queremos que se sepa hasta las últimas consecuencias qué pasó. Tenemos ese compromiso histórico”. Una de las propuestas del bloque oficialista es “encontrar una ley que nos permita garantizar el juicio justo, sin pistas falsas, o fiscales amañados”, dijo Hugo Yasky. También Frederic contó que están “trabajando para la creación de un banco de datos genéticos para casos de personas desaparecidas o extraviadas”.
Por su parte Leonardo Grosso remarcó la importancia de datos precisos sobre estos delitos. “Es imposible pensar política pública sin información concreta”, dijo y agregó: “Nuestro compromiso es de antes, durante y va a ser por delante, para que las fuerzas de seguridad no sigan violando los derechos humanos en la Argentina”.
Promovemos un Estado que garantice y amplíe derechos. Trabajamos para prevenir la inseguridad y la violencia institucional. Precisamos compromisos del arco político, del Poder Judicial, las Fuerzas de Seguridad, los organismos de derechos humanos y las organizaciones sociales.
— Sabina Frederic (@SabinaFrederic) August 7, 2020
“Nosotros entendemos que esta problemática no tiene bandería política, es un problema de la democracia. El tema es que tenemos que ser muy claros en los mensajes que desde el Ejecutivo y desde las responsabilidades políticas se dan”, insistió Pietragalla. En esa línea, remarcó la necesidad de “tener un compromiso entre todos y todas para generar políticas que piensen en erradicar esta problemática”.