El encuentro está fijado para las 15, de este jueves, en la sede de la cartera ubicada en Sarmiento 329 (Capital Federal), según informaron fuentes oficiales, y a las 16.30 habrá una rueda de prensa para informar sobre los acuerdos alcanzados en la primera reunión.
Del encuentro participarán -entre otros- la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Justicia bonaerense, Gustavo Ferrari; representantes de la cartera de Desarrollo Social que encabeza Carolina Stanley y del Sedronar, así como jueces y fiscales, y organizaciones sociales como Unicef, que ya confirmó su participación.
Desde el Gobierno nacional ya anticiparon que el proyecto de ley que surja de esta mesa de trabajo será enviado al Congreso de la Nación después de las elecciones legislativas de octubre, para evitar que el tema se cuele en la campaña electoral.
El debate sobre una eventual disminución de la edad de imputabilidad penal se intensificó tras el reciente asesinato de Brian, un joven de 14 años, muerto por otro de 15 durante un intento de robo en el barrio porteño de Flores, quien fue liberado por orden de la Justicia y enviado a Perú, donde quedará bajo la tutela de sus abuelos que residen allí.
La iniciativa oficial despertó reparos y rechazos desde diversos sectores como Unicef, que admitió la necesidad de rediscutir el régimen penal de menores pero se pronunció en contra de bajar la edad de imputabilidad, al considerar que se daría “un paso atrás” en lo que refiere a protección de los derechos de los niños y jóvenes, y no se estarían respetando los estándares internacionales.
También, desde la Iglesia, la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) advirtió que la intención oficial “no pareciera razonable en un año electoral y para dar respuesta estatal a hechos delictivos de trascendencia mediática”, y se pidió no convertir a los chicos en “enemigos sociales”.
Además, se manifestaron en contra de bajar la edad de imputabilidad de los menores sectores sindicales como la Central de los Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTAA), la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba), así como organizaciones de derechos humanos como el Serpaj.
En tanto, el presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, Guillermo Lipera, se mostró “de acuerdo” con la idea de bajar la edad de imputabilidad de los menores de 16 a 14 años, aunque estimó que “debe ser un punto dentro de un conjunto de medidas” y pidió que el punto se trate como parte de una reforma más integral.
Por su parte, Garavano ya adelantó que también mantendrá reuniones con el líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa -con quien ya habló telefónicamente- y con la diputada del GEN Margarita Stolbizer, para buscar “consensos”, teniendo en cuenta que “no son cosas que se resuelven en un minuto o en diez días”.
El martes, Garavano se reunió con el presidente del bloque justicialista en el Senado, Miguel Ángel Pichetto, con quien analizó la agenda legislativa de este año, entre la que está la creación del régimen penal juvenil que el gobierno aspira a presentar en el Congreso tras las elecciones legislativas de octubre.
El subsecretario de Política Criminal, Martín Casares, aseguró que el objetivo del proyecto que impulsa el Gobierno de modificar el régimen penal juvenil es “preventivo”, y tiene el objetivo de “integrar” al menor a la sociedad, luego que cumpla su pena, para que pueda desarrollarse.
Por su parte, Elbio Ramos, juez de Garantía penal juvenil del departamento judicial Quilmes explicó que “tenemos 4 millones de adolescentes en situación de pobreza y la mayoría no estudia ni trabajan” y que el problema es que “el sistema educativo es expulsivo” porque “cuando los derechos de los jóvenes están vulnerados, los sistemas de protección integral infantil muchas veces están ausentes”.
Gentileza de Télam: