El 2016 ya es historia. Fue el primer año en la provincia de Buenos Aires gobernado por una mujer, y el primero en casi tres décadas gobernado por una fuerza no peronista. Tuvo la particularidad de que el Ejecutivo fue de coalición –una gobernadora de un partido con un vice de otro– y de que contó en ambas cámaras de la Legislatura con la menor cantidad de escaños oficialistas desde el bienio 1999-2001, cuando el entonces mandatario Carlos Ruckauf tenía que negociar cada paso con la Alianza.
María Eugenia Vidal puede darse por satisfecha, al menos en términos estrictamente políticos, porque finaliza el año como lo comenzó: siendo la dirigente política mejor valorada del país. En su distrito también encabeza ese preciado ranking su opositor (hasta ahora) cooperante Sergio Massa. Dos de cada tres bonaerenses la aprueban, aunque hay una línea que divide: en el Conurbano –especialmente en el segundo cordón y en la Tercera Sección– esos números bajan un poco. En el interior provincial, trepan.
Este dato concreto de la realidad no puede ser ignorado al analizar el primer año de la gestión de Cambiemos en la Provincia. La complacencia que la oposición, los medios y los factores de poder bonaerenses tienen con Vidal seguramente habría sido diferente si quien estuviera en el Ejecutivo recogiera diferente opinión por parte del electorado. Por eso es mucho más común escuchar a peronistas bonaerenses vilipendiar al presidente Macri y al “nuevo” modelo económico antes que a la gobernadora.
Dos aspectos fueron los más destacables del 2016 vidalista: el ordenamiento de las cuentas públicas tras el desbarajuste sciolista –apenas asumió, la gobernadora dijo que recibió tan solo 100 millones de pesos en las arcas provinciales y precisó ayuda de la Nación para pagar los aguinaldos– y su política de seguridad, en la que tocó algunas tuercas de la Policía Bonaerense, fuerza que se ocupó de hacerle saber su malestar.
El Frente Renovador profundizará su rol opositor este año.
El gabinete vidalista evitó realizar un ajuste del déficit y, en eso, se diferenció de la Nación. Bajó casi la mitad de los gastos en propaganda oficial y amplió el gasto social en algunos ítems de salud y educación (por ejemplo, en las viandas para escolares). Logró saltear un ajuste más grande gracias a que en su primer presupuesto se le avaló un fuerte endeudamiento, que repetirá en 2017, que será cercano a los 60 mil millones de pesos.
Vidal pasó a la ofensiva a mediados de año y planteó ante la Corte Suprema la “discriminación” de la Provincia con respecto a los otros distritos en cuanto al Fondo del Conurbano, congelado para Buenos Aires en 650 millones de pesos desde fines de los 90, en una de las últimas maldades del menemismo para con el entonces ambicioso gobernador Eduardo Duhalde.
La Corte Suprema es el órgano que por Constitución debe resolver los diferendos entre los estados provinciales y entre estos y la Nación. Pero sus tiempos suelen ser lentos y, sugestivamente, antojadizos –vale recordar que pocos días antes de asumir el Presidente, falló a favor de la devolución del 15 por ciento para Santa Fe y San Luis (con Córdoba fue a través de cautelar)–.
Ante esa demora y la negativa de los otros gobernadores a solucionarlo por vía legislativa, el Gobierno nacional se apresta a entregarle a Vidal unos 25 mil millones de pesos, según difundieron los grandes medios y nadie se molestó en desmentir. Era un secreto a voces ya antes de fin de año que Macri tenía pensado inyectar más fondos en el Conurbano para agilizar antes de las elecciones las obras públicas –especialmente las hídricas y viales–, que desde la Rosada consideran con ejecución por debajo de lo que desearían.
Esos 25 mil millones de pesos no afectarían a la coparticipación del resto de las provincias y los solventaría el Tesoro, por lo que no podrá ser contestado vía judicial por los otros 23 estados confederados. Aunque no significa que sepulte las chances de una resolución legislativa y condene a esperar el fallo de la Corte sobre el Fondo del Conurbano.
En cuanto a la seguridad, el gobierno vidalista avanzó con claroscuros, de la mano del ministro Cristian Ritondo. Exoneró a más de dos mil policías, exigió a buena parte de la Bonaerense que presente su declaración jurada y purgó el Servicio Penitenciario. También metió mano en la formación y capacitación y puso a cargo de Asuntos Internos a civiles. A cambio, su policía le “liberó zonas” y dejó recrudecer el delito en algunos distritos, según explican voceros oficiales, en argumentaciones posibles pero de difícil comprobación.
La seguridad sigue estando en el tope de las preocupaciones de los bonaerenses y, por ahora, Cambiemos no puede exhibir mejoras notables en los indicadores. De hecho, recurrió a la Gendarmería que la ministra nacional Patricia Bullrich debió destinar para calmar al Conurbano.
Seguramente será esta materia y la mejora plausible en la gestión cotidiana –léase, hospitales e infraestructura– lo que el electorado medirá cuando dentro de ocho meses vaya a votar en las primarias. La cara de las elecciones, está decidido, será Vidal, sean quienes fueren los integrantes de la lista de Cambiemos.
No solamente medirá su fortaleza en las urnas sino también su sustentabilidad. El vidalismo quiere dejar de ser rehén de Massa en la Cámara de Diputados, y el Frente Renovador ya advierte que profundizará su rol opositor. La gobernadora todavía padece la herencia y necesita de una Casa Rosada fuerte para que le ayude a financiar sin tener que ajustar. Y por si fuera poco, se anticipa un cierre de listas conflictivo y una campaña electoral feroz. La oposición también sabe que, en 2017, el proyecto vidalista se trunca o se fortalece para perdurar.
