El legislador de Unidad Ciudadana, Javier Andrade, participó de la presentación del Proyecto de Ley por Cromañón que realizó la Mesa de Unidad, constituída por familiares y damnificados de la tragedia. La reunión se realizó este miércoles en la Legislatura porteña y participaron otros referentes de los Derechos Humanos, las ciencias sociales, la política y organismos del Estado. El objetivo es instalar en la agenda pública de la Ciudad que este año vence la ley vigente y que hay que sancionar una nueva que sea superadora.
El proyecto que impulsa la Mesa de Unidad tiene por objeto garantizar una política integral de asistencia a las víctimas sobrevivientes y familiares de las víctimas del incendio en el boliche Cromagñón, ocurrido el 30 de diciembre de 2004, y está inspirado por dos ejes: el principio de la solidaridad social y el convencimiento de que el Estado debe atender las consecuencias de una tragedia que, por omisión, no supo o pudo evitar.
“El Gobierno de la Ciudad, que administra el Estado porteño, tiene que terminar de hacerse cargo de la responsabilidad que le cabe con respecto a Cromañón”, explicó Andrade, y agregó: “Como legislador y parte del bloque de Unidad Ciudadana, somos una herramienta, y son estos proyectos los que nos permiten sentir que somos útiles para potenciar algún trabajo o para que un derecho se torne efectivo”.
La actividad se realizó en el salón Domingo Perón y contó en la presencia de legisladora/es de UC y de otros espacios políticos de la oposición. Del panel participaron dos integrantes de la Mesa de Unidad; la ex directora del Centro Ulloa de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Julieta Calmels; la secretaria general de la Defensoría del Pueblo de la CABA, Silvina Pennella; la presidenta de la comisión de Derechos Humanos de la casa y asesora de la diputada Victoria Montenegro, Lucía García Itzigsohn; el antropólogo y autor del libro “Familia, política y emociones. Las víctimas de Cromañón entre el movimiento y el Estado”, Diego zenobi.
En el comienzo de la actividad, los organizadores proyectaron un video en el que distintas personalidades de la vida nacional, como diputados y diputadas nacionales, periodistas, futbolistas y referentes del rock, envían su adhesión al proyecto y exigen que no se corte la asistencia para las víctimas. El salón estuvo colmado por los sobrevivientes y los familiares de las víctimas de organizaciones y autoconvocados que componen la Mesa de Unidad, un armado que costó mucho lograr y que fue celebrado durante la actividad.
Tomaron el proyecto como propio, los legisladores de Unidad Ciudadana (UC), de Autodeterminación y Libertad (AyL), Suma + y el Frente de Izquierda.
“Nosotros creemos que Cromañón nos pasó a todos, entonces entendemos que la ley votada por la Legislatura, recinto donde los que ocupan las bancas son personas elegidas por el pueblo , sería la mejor forma de confirmarlo”, subrayó Celeste Oyola referente de la mesa de Unidad.
“Este proyecto de ley lleva en sus artículos el acumulado de la experiencias de todos los beneficiaros de la ley anterior y es por eso que este nuevo proyecto con sus modificaciones es el marco legal que necesitamos para que finalmente el espíritu de la ley se cumpla“, señaló Martín Genauer, referente de la Mesa de Unidad.
“Compromiso para construir, dignidad para debatir, unidad para que no se corte”, remató su exposición Celeste Oyola al cierre de la presentación.
La Ley 4.786, sancionada en el 2013, pierde vigencia a finales de 2018. Por eso la Mesa de Unidad de Cromañón elaboró un nuevo proyecto, más integral, que amplía derechos y mejora la calidad de vida de las personas afectadas. Esto es: garantizar soluciones en materia de salud, vivienda, educación, facilitar la incorporación laboral y ofrecer un respaldo, además, en materia económica. También contiene propuestas para mejorar los mecanismos de seguridad y prevención de tragedias como la de Cromañón.
En el artículo 10 del proyecto, por ejemplo, se propone el otorgamiento de una asistencia económica mensual permanente. A los/as familiares, dos salarios mínimo vital y móvil. A las victimas sobrevivientes, un salario mínimo vital y móvil. En ambos casos, la ayuda económica será actualizada de acuerdo a las modificaciones que sufra el Índice de Precios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IPC).
El impacto en la vida de las víctimas fatales y damnificados del incendio no tiene un momento específico de superación, y es por eso que en el proyecto de ley se afirma que la asistencia no debe tener un plazo de vencimiento. En ese sentido, Andrade sostuvo que “es irrisorio haberle dado al proyecto –en 2013- solo cinco años de vigencia, pero a veces es lamentablemente lo único que se puede lograr”, en referencia a algunos proyectos, y con un gobierno como el del PRO a cargo de la Ciudad y con mayoría en el parlamento local.
