El miércoles último, el Poder Ejecutivo envió al Congreso de la Nación un proyecto de ley que propone modificar el Código Penal con el objetivo de aumentar las penas por incendios intencionales y otros delitos que generen estragos. La iniciativa, firmada por el jefe de Gabinete Guillermo Francos y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, busca elevar la pena mínima de 3 a 4 años, lo que impediría la excarcelación de los encausados y establece un máximo de 25 años de prisión, para el caso de que el fuego provocara la muerte de al menos una persona. También, amplía las figuras delictivas contempladas en la legislación e incluye las explosiones, las inundaciones y la liberación de sustancias tóxicas.
En tanto, el proyecto ya ingresó a la Cámara de Diputados acompañado por una carta firmada por el presidente Javier Milei, en la cual solicita un tratamiento de forma urgente. La presentación se da en un contexto de incendios activos en la Patagonia y Corrientes, donde más de 37 mil hectáreas fueron afectadas por el fuego.
“En distintos puntos de nuestro país se están produciendo una gran cantidad de incendios que generan enormes daños y afectan la propiedad de los argentinos, su integridad física y, en ciertos casos, su vida”, señala el documento enviado al Congreso.
El aumento de las penas y nuevas tipificaciones
La normativa actual contempla penas de 3 a 10 años para quienes provoquen incendios y hasta 20 años si el fuego pone en riesgo la vida de personas. La iniciativa oficialista propone elevar la pena básica a un mínimo de 4 años y hasta de 12 años para casos generales. Si el incendio ocasionara la muerte de una o más personas, el castigo podría alcanzar los 25 años de prisión.
Entre los nuevos agravantes se incluyen los incendios en bosques, parques nacionales, yacimientos arqueológicos y edificios públicos. A su vez, se contempla un aumento de penas si la acción es cometida por un grupo de tres o más personas o si se reiterara la conducta.
“En los últimos tiempos, la imprudencia ha sido un factor clave en la generación de incendios y otros desastres, mientras que la legislación vigente no ha funcionado como un mecanismo de prevención”, sostiene el texto oficial.
Asimismo, el proyecto introduce sanciones específicas para funcionarios públicos involucrados en incendios intencionales. En estos casos, además de la pena de prisión, se aplicará una inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por el doble del tiempo de la condena.
Al mismo tiempo, se prevé la incorporación de nuevas figuras penales, y el castigo por otros procesos destructivos, como la emisión de radiaciones o el derrumbe de estructuras, con el objetivo de ampliar la capacidad del Código Penal para sancionar delitos que generen estragos.
“Incluiremos en sesiones extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación”, afirmó Mariano Cúneo Libarona en redes sociales.
El impacto ambiental y el contexto actual
La iniciativa surge en un contexto de crisis ambiental en la Patagonia, donde incendios forestales ya devastaron más de 37 mil hectáreas. Según informes oficiales, el Parque Nacional Nahuel Huapi perdió 10.200 hectáreas, mientras que en el Parque Nacional Lanín el fuego consumió 15.200 hectáreas.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ratificó el proyecto en El Bolsón y enfatizó la importancia de endurecer las penas para evitar que estos delitos queden impunes. “Es fundamental que los responsables de incendios intencionales reciban condenas proporcionales al daño causado”, sostuvo.
Repercusiones en el Congreso
El proyecto fue recibido por Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, quien confirmó su ingreso y destacó la urgencia de su tratamiento. Si bien el oficialismo solicitó un debate inmediato, sectores de la oposición plantearon dudas sobre la efectividad de la reforma penal como herramienta de prevención.
En el Congreso, la discusión se centrará en la viabilidad de la aplicación de penas más severas y la necesidad de medidas complementarias, como la prevención de incendios y el fortalecimiento de la infraestructura para combatirlos.
“El país necesita una política integral de protección ambiental que contemple no solo sanciones, sino también estrategias de prevención y recuperación de ecosistemas”, expresaron legisladores de la oposición durante el debate inicial en comisiones.
