Según los autores del proyecto, la intención del mismo es luchar contra el déficit habitacional de una Ciudad que cuenta con viviendas suficientes como para albergar a dos ciudadanos por unidad.
“De 1.423.973 propiedades existentes, 340.975 (el 24%) se encuentran deshabitadas. De esto cabe concluir que el problema de la emergencia habitacional no se soluciona solamente construyendo más viviendas, sino que requiere adoptar medidas que incidan sustancialmente en la realidad particular de nuestros ciudadanos y ciudadanas”, indicó Rachid.
El proyecto de Ley de Locaciones Urbanas con Destino a Vivienda define, en primer lugar, “la función social de todo uso del suelo, especialmente el destinado a ese fin”. También establece impuestos a la propiedad que no está ocupada ni en alquiler equivalentes al 300% del ABL. Este aspecto tiene por intención “incrementar la oferta de propiedades en alquiler y que esto redunde en costos más accesibles”, explican.
Además, la iniciativa define pautas para los contratos de alquiler en favor de quienes alquilan, y propone una reforma del sistema bancario de garantías propietarias. Finalmente, para favorecer el otorgamiento de subsidios a personas en situación de calle, se incluye la creación del Fondo para Locaciones Urbanas destinadas a Vivienda.
Aragón argumentó que “esta iniciativa viene a reparar una deuda social porque nuestro objetivo es que el Estado pueda garantizar a los sectores más humildes el acceso a la tierra, tal como sucedió durante la primera presidencia del General Juan Domingo Perón con la ley de alquileres. El avance del mercado es un hecho que generó la mercantilización de nuestros derechos sociales”.
Sin embargo, hay quienes leen la amenaza de tener que tributar más por poseer unidades “ociosas” como una suerte de expropiación indirecta. Y es allí donde, inevitablemente, asoma el fantasma de lo que fue el caso venezolano.
Durante el último mes de marzo, el presidente Nicolás Maduro decretó la venta obligatoria de todos los inmuebles que lleven más de 20 años en alquiler.
La medida, para quienes no la cumplieran, contemplaba multas de hasta 40.000 dólares o incluso la misma expropiación. En tanto que se establece que la Superintendencia Nacional de Arrendamientos será quien determine el “precio justo” de la vivienda a vender, tratando de beneficiar al eventual inquilino. Aunque si este no pudiera comprar, de todos modos, la vivienda tendrá que ser vendida.
Ahora bien, ¿cómo se combate el déficit habitacional en otros países del mundo?
En los Países Bajos, el costo de las viviendas de renta más económicas se mantiene bajo gracias a la regulación y cuidado gubernamental. Estos tipos de viviendas se conocen como sociale huurwoningen. En la práctica, esto es acompañado por fundaciones o asociaciones de vivienda privada sin fines de lucro (toegelaten instellingen), que controlan 2.4 millones de viviendas. La mayoría de los apartamentos de bajo costo de renta en los Países Bajos son propiedad de estas organizaciones.
Desde los cambios de política en 1995, las organizaciones de vivienda social se volvieron financieramente independientes, enfocándose en su rol de empresarios sociales. En la mayoría de las municipalidades holandesas terminó existiendo una determinada capacidad mínima de vivienda social a lo largo de las últimas décadas.
En muchas ciudades como Ámsterdam, La Haya, Rotterdam y Utrecht el porcentaje de vivienda social se acerca o incluso supera el 50%. La supervisión financiera pública se realizada mediante el Fondo Central para la Vivienda (Centraal Fonds Volkshuisvesting).
En tanto que en Hong Kong, China, el gobierno provee vivienda pública por medio de departamentos rentados a un precio más bajo que el de los mercados, y a través del Home Ownership Scheme (Esquema de Propiedad de Vivienda), en donde se venden a menor precio. Los mismos son construidos y administrados por la Hong Kong Housing Authority (Autoridad de Vivienda de Hong Kong) y la Hong Kong Housing Society (Sociedad de Vivienda de Hong Kong). Casi la mitad de la población de Hong Kong vive en viviendas públicas.
Con sus matices, a lo largo y ancho del mundo, ya sea en Canadá, Finlandia, Suecia o Singapur, existe una política de Estado definida en materia de vivienda que contempla la necesidad de los habitantes de los determinados territorios. Y eso es lo que marca la diferencia con respecto a ciudades como Buenos Aires. Por lo que seguir asfixiando a los contribuyentes que posean más de una vivienda no resulta ser una respuesta que dé garantías. Aunque, inevitablemente, la intervención estatal es parte de la solución.