A través de la Resolución 87/2024, el Gobierno estableció que los usuarios serán los únicos autorizados para manipular sus tarjetas en transacciones comerciales, con el objetivo de prevenir fraudes y estafas. La medida, publicada en el Boletín Oficial y firmada por Pablo Lavigne de la Secretaría de Comercio, comenzó a regir este martes.
“Todos los establecimientos comerciales que acepten para la realización de sus transacciones comerciales tarjetas de crédito, compra o débito en los términos del Artículo 1° de la Ley N° 25.065 y sus modificaciones, y operen con terminales electrónicas para el pago de las operaciones realizadas (terminales de captura de datos o “POS”), deberán poner a disposición del consumidor las mismas de modo tal que, en ningún momento, pierda el control o quede desapoderado de su tarjeta, ni aún momentáneamente, hasta la completa finalización de la operación”, establece la normativa en su Artículo 1°.
En efecto, los comercios no podrán obligar a los clientes a desprenderse en ningún momento de su plástico ni de su DNI, por lo que deberán chequear la información frente a ellos en todo momento.
En los considerando, el Poder Ejecutivo explicó que las modificaciones se dan con el objetivo de reducir caos de fraude, como las clonaciones de los plásticos para realizar compras ilegales: “Resulta de público y notorio conocimiento la reiteración de hechos de fraude informático en el mercado consistentes en capturar los datos de los consumidores contenidos en sus tarjetas de crédito, compra o débito, que, con posterioridad, son utilizados para la comisión de hechos ilícitos generando -en muchos casos- graves perjuicios para los intereses económicos de los consumidores”.
En este sentido, “el hecho de que el consumidor pierda el control respecto del uso de su tarjeta de crédito, compra o débito, o quede desapoderado de la misma -aun temporariamente-, cuando realiza una compra o locación de bienes o servicios, ha dado lugar a la apropiación indebida de datos del consumidor para consumar hechos de fraude”, se agregó en el texto de la secretaría que depende del Ministerio de Economía.
“El adecuado funcionamiento del mercado tiene como pilar fundamental, entre otros extremos, que los bienes provistos en él revistan la máxima seguridad para los consumidores, en cuanto a su utilización y funcionalidad”, remarcó el Gobierno.
“Resulta pertinente y necesario establecer criterios para que el consumidor, en cuanto a la utilización de su tarjeta, no pierda el control de la misma en ningún momento de la transacción, lo que reducirá la posibilidad de la captura indebida de sus datos, o su uso fraudulento”, concluyó la resolución que lleva la firma del secretario de Comercio, Pablo Lavigne.
La medida fue confeccionada por el subsecretario de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño. Para implementar los cambios, se estableció un plazo de adecuación de 180 días contados a partir de su entrada en vigencia, a efectos de que los proveedores adapten los servicios de atención al cliente de acuerdo a lo establecido en la presente resolución”.
“Durante 2023 se recibieron en Defensa al Consumidor casi 7.000 denuncias por este tipo de fraudes”, precisaron desde la Secretaría de Comercio.
Es importante que los usuarios revisen con frecuencia sus transacciones y su saldo disponible, para chequear no haber caído en algún tipo de fraude. Eso puede hacerse a través del home banking de la entidad bancaria a la que pertenezca la tarjeta. Es recomendable hacerlo siempre desde una red de Wi Fi que sea segura.
En caso de detectar algún tipo de movimiento inusual en sus tarjetas o directamente que el consumidor se de cuenta de que fue víctima de un delito, se recomienda ponerse en contacto con la entidad bancaria emisora del plástico y solicitar el bloqueo de la tarjeta; denunciar el fraude; y solicitar la devolución del dinero robado.