La Cámara de Diputados dio un paso decisivo hacia la implementación de una de las reformas electorales más discutidas en los últimos años: el régimen de Ficha Limpia. Este proyecto, que busca prohibir la candidatura a cargos electivos de personas con condenas penales confirmadas, obtuvo el dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia. Contando con el respaldo de varios bloques de la oposición y del oficialismo, el debate avanzó hacia una posible media sanción en el recinto en las próximas semanas.
Los puntos centrales del proyecto
El régimen de Ficha Limpia tiene como objetivo principal restringir el acceso a candidaturas de aquellas personas que han sido condenados por delitos vinculados a la corrupción. La iniciativa fue presentada por la diputada Silvia Lospennato (Pro), quien afirmó que “el fenómeno de la corrupción es uno de los problemas más graves que enfrentan las sociedades modernas”.
Según el texto, la iniciativa busca garantizar “la salvaguarda del interés público” y busca evitar que personas con antecedentes penales puedan acceder a posiciones de poder político.
Además, la norma incorpora un nuevo inciso al artículo 33, de la Ley 23.298, que regula las condiciones para ser candidato a cargos electivos. Entre los delitos que inhabilitarían a una persona para postularse se incluyen cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, enriquecimiento ilícito, fraude en perjuicio de la administración pública y encubrimiento de los delitos anteriores.
El debate en el Congreso
Durante el debate en el plenario de las comisiones, Lospennato fue la encargada de abrir la discusión y señaló que “éste es un proyecto que hace años que venimos intentando sacar adelante, pero no habíamos logrado reunir los votos necesarios”.
Según la legisladora nacional, el apoyo de La Libertad Avanza (LLA) permitirá que la iniciativa avance en el recinto. “Hoy estamos en condiciones de dar un paso histórico, para que los argentinos puedan confiar en que quienes los representan no tienen cuentas pendientes con la justicia”, subrayó.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Paula Oliveto también respaldó la iniciativa, pero hizo hincapié en la necesidad de fortalecer el Poder Judicial para garantizar la correcta aplicación de la norma. “No podemos permitir que jueces sin idoneidad determinen quién puede o no ser candidato”, advirtió.
Por su parte, el radical Fernando Carbajal expresó sus críticas al proyecto por considerar que no abarca todos los delitos graves que deberían ser causales de inhabilitación electoral. “Estamos dejando afuera delitos tan graves como el narcotráfico, la pederastia o el homicidio. Ficha Limpia debería contemplar todos los crímenes que afecten directamente a la sociedad”, señaló el diputado. Y propuso que la inhabilitación sea efectiva a partir de la condena por un tribunal único y que la pena impuesta sea de al menos tres años.
La postura de Unión por la Patria
Asimismo, Unión por la Patria (UP) se mostró siempre en contra de la reforma y argumentó que podría vulnerar derechos constitucionales, como el principio de inocencia. En esta oportunidad, la diputada Mónica Litza presentó un dictamen de minoría que establece que sólo quienes tengan una condena firme emitida por la Corte Suprema de Justicia, deberían quedar inhabilitados para ser candidatos.
“Lo que el dictamen mayoritario propone es otorgar un status de culpabilidad a personas que aún no han agotado todas las instancias judiciales, lo cual es una clara violación de derechos”, explicó Litza durante su intervención.
En una línea similar, el diputado Martín Soria criticó la propuesta, calificándola de “inconstitucional”. Para Soria, el proyecto impulsado por el Pro “es una maniobra mediática que busca instalar una agenda que no resuelve los problemas de fondo”. El legislador también citó jurisprudencia de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según él, irían en contra de los principios que Ficha Limpia intenta imponer.
Los dictámenes que están en juego
A pesar de las divergencias, el proyecto logró obtener el dictamen de mayoría, gracias al respaldo de los bloque del Pro, la UCR, La Libertad Avanza, la Coalición Cívica y Encuentro Federal. Este dictamen establece que la inhabilitación electoral se aplicará a quienes hayan sido condenados en segunda instancia (doble conforme) por delitos relacionados con la corrupción, como el cohecho y el tráfico de influencias. La exclusión del proceso electoral duraría hasta que la condena sea revocada o la pena cumplida.
Además del dictamen de mayoría, se presentaron tres dictámenes de minoría. El primero, impulsado por UP, plantea que sólo una condena en firme, emitida por la Corte Suprema, debería inhabilitar a un candidato. El segundo, presentado por el radical Carbajal, es similar al dictamen de mayoría, pero abarca un mayor número de delitos dolosos, incluyendo narcotráfico, pederastia y homicidio. Por último, la diputada Vanina Biasi (FIT) firmó otro dictamen que propone modificaciones más amplias a la Ley Orgánica de los Partidos Políticos.
¿Cómo sigue el debate?
Con el dictamen de mayoría, el proyecto está en condiciones de ser tratado en el recinto de Diputados en las próximas semanas. Los bloques que apoyaron la iniciativa se muestran optimistas con respecto a su aprobación y confían en que contarán con los votos necesarios para obtener la media sanción. “Éste es un reclamo de la sociedad que no podemos ignorar. Los ciudadanos quieren transparencia y honestidad en sus representantes”, expresó Lospennato en su discurso de cierre.
Sin embargo, el debate en el recinto traerá mucha discusión. Las posiciones encontradas entre los bloques opositores y el oficialismo reflejaron las divisiones que la reforma electoral genera en el arco político y, más aún, en camino hacia las elecciones legislativas. Mientras algunos sostienen que es un avance necesario para combatir la corrupción, otros argumentan que podría ser utilizada como una herramienta de persecución política.
La discusión también se extenderá a otros proyectos que forman parte del paquete de reformas electorales, como la implementación de la Boleta Única de Papel y el régimen del voto en el extranjero, que cuentan con un menor grado de consenso entre los distintos bloques.
