Sin sorpresas, el oficialismo porteño logró –con la ayuda de sus aliados- la aprobación de la Ley de Emergencia Económica que impulsó el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en el marco de la pandemia de coronavirus. La oposición no acompañó y advirtió sobre los riesgos que implica la nueva norma: “No sabremos nunca adónde van a ir los recursos económicos del Estado”.
La sesión fue presencial, con medidas de distanciamiento social, y con la Legislatura vallada y con protestas pese a la cuarentena. La norma fue votada con 38 votos afirmativos del PRO y sus aliados (UCR y el sector de Martín Lousteau, el Partido Socialista y el GEN) y tuvo en contra 21 votos del Frente de Todos, el FIT y Autodeterminación y Libertad. El artículo que permitía pagar los salarios de los estatales en cuotas fue eliminado como parte de la estrategia de Larreta para conformar a sus aliados, pero eso no agotó las críticas.
La medida le da la facultad al Gobierno porteño para reasignar partidas en función de la crisis y suspender programas que no considere esenciales. También congela la planta de empleados estatales, permite renegociar contratos y concesiones, habilita a generar planes para incentivar el pago adelantado de impuestos, todo en función de la pérdida en la recaudación.
“No sabremos nunca dónde van a ir los recursos económicos del Estado. No estipula ninguna medida para los sectores productivos. Tampoco prioriza a los sectores más vulnerables; recorta el presupuesto para la vivienda y no contempla ningún mecanismo de control”, advirtió la diputada Lorena Pokoik, del Frente de Todos. “Bajo la apariencia de salvaguardar a las y los vecinos de la Ciudad durante la pandemia, Larreta utilizará esta Ley en contra del conjunto de trabajadoras y trabajadores”, alertó.
Desde el mismo espacio, Laura Velasco señaló que “la Emergencia de Rodríguez Larreta no contempla a los pobres ni a las mujeres víctimas de violencia”. Y agregó: “Hoy somos parte de los sectores vulnerables en un contexto donde muchas están conviviendo con sus agresores, sin embargo, quedamos olvidadas en el proyecto oficial”.
“Nos parece un serio retroceso para la división de poderes en la Ciudad de Buenos Aires, para el control y rendición de gastos y de uso de presupuesto. El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, a través de su Jefe de Gobierno, se atribuye el 100% de la posibilidad de modificar partidas presupuestarias con la excusa de la Pandemia en un contexto en el cual han tenido definiciones como retirar la plata de los comedores comunitarios para entregarlas a subsidios a Metrovias, empresa de los hermanos Roggio”, sostuvo Juan Manuel Valdés. Y añadió: “Nos parece que un Ejecutivo que toma esas decisiones, o que tiene procesos de compras irregulares como fue el caso de los barbijos, no puede utilizar la pandemia para concentrar mayores atribuciones y para anular el rol de la Legislatura y la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires”.
“El eje de la ley es reasignar partidas a discrecionalidad, sacándoles a sectores como la vivienda social, cuando lo que habría que hacer es lo contrario”, advirtió Alejandrina Barry, del FIT. “Si hay problemas de financiamiento, mientras Larreta propone que paguen los y las trabajadoras de la Ciudad, nosotros proponemos que paguen los que han especulado con la deuda, los que obtuvieron suculentas ganancias a pesar de que llevamos casi diez años de estancamiento económico, y los que más tienen”, indicó Marta Martínez, de AyL.
Una comisión de seguimiento sin la participación de la Auditoría
Otra de las críticas a la norma aprobada este jueves en la Legislatura porteña apuntó a la falta de control que implicará la puesta en marcha de la ley de emergencia de Larreta. Junto a la aprobacion se conformó una comisión de seguimiento presidida y con mayoría del oficialismo y se desestimó así la solicitud hecha por Mariana Gagliardi, Presidenta de la Auditoría General de la Ciudad de Buenos Aires (AGCBA), quien había enviado el pasado miércoles 29 de abril una nota al Vicejefe de Gobierno solicitándole que se incluyera en el Proyecto de Ley de Emergencia Económica y Financiera la habilitación para que dicho organismo realizara un examen especial sobre las compras y contrataciones realizadas en el marco de la emergencia sanitaria.
“Esperemos que la comisión de seguimiento que se conformó no sea una mera extensión del Poder Ejecutivo y que solo convalide el accionar de Larreta, sino que lleve adelante un verdadero seguimiento de las compras y contrataciones”, expresó Gagliardi. Y advirtió que “es alarmante que la comisión esté presidida y con mayoría del oficialismo, y sin participación de la Auditoría, de este modo es imposible asegurar la independencia e integridad en el control de la administración pública.”
Otra aprobación a la medida de Larreta
En la sesión de este jueves no faltaron polémicas. Tras la aprobación de la cuestionada Ley de Emergencia Económica, el jefe de gobierno porteño obtuvo otra victoria: por 36 votos a favor y 21 en contra consiguió que se aprobara una reforma del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, que crea una Secretaría de Presupuesto donde se concentrará el manejo de los fondos.
Debió eliminar de esa ley la facultad que le confería a esa secretaría de auditar a juzgados de primera instancia y camaristas. Pero logró incorporar nuevas facultades disciplinarias sobre los empleados judiciales, que incluyen la cesantía o exoneración por la vía de un sumario, algo que fue fuertemente cuestionado por los sindicatos de judiciales como Sitraju.
