Finalmente, lo esperado ocurrió.
Los pormenores que rodearon a esta sentencia son casi despreciables. Baste decir que el nombre de la condenada sólo irrumpió en el juicio cuando fue introducido por los fiscales o por los jueces, nunca por testimonios o por evidencias.
Lo más importante es que la Argentina volvió, incitada por el dudoso arte de un tosco nigromante, a 1955. De nuevo, un juicio en el que prima la sospecha por sobre la prueba. De nuevo, la condena ideológica antes que la recolección de evidencias. De nuevo, la incitación al enfrentamiento por parte de los sectores más pudientes de la sociedad, contra quienes gobernaron sin subordinarse a sus designios.
De todos modos, más allá de lo que se opine acerca de la condena asestada contra la actual vicepresidenta, todo fallo es político, como acotaría el filósofo Carlos Solari.
La condena contra Cristina Fernández de Kirchner se conoció exactamente 97 días después de que Fernando Sabagh Montiel gatillara un arma a 20 centímetros de su cabeza y ella salvara su vida milagrosamente.
Casi simultáneamente con el fallo condenatorio, llegó a conocimiento del público un escandaloso viaje a las tierras patagónicas de un pequeño y exclusivo rebaño de jueces federales, financiada por el Grupo Clarín o AGEA Sociedad Anónima.
Para peor, uno de los magistrados que ejercían su predisposición al turismo, Julián Ercolini, fue el que instruyó la causa contra la expresidenta y en ese carácter convocó a indagatorias, trabó embargos y, finalmente, el dos de marzo de 2018, la elevó a juicio oral.
Después de muchos avatares, entre los cuales habría que destacar la emotiva exposición del fiscal Diego Luciani, que se prodigó en términos forasteros a la academia, como “las pruebas no hablan, gritan”, se llegó a esta fallo, que no hace más que exponer una estrategia política dictada desde el poder para proscribir a una fuerza política, en este caso, el Frente de Todos.
Indudablemente, ni la propia dirigencia del Frente de Todos, ni la conducción del peronismo tomaron conciencia hasta ayer mismo de que se encontraban a punto de ganar la elección de 2023, a pesar de la pésima gestión que protagoniza por estos días Alberto Fernández. Sino, sus enemigos no hubieran puesto en riesgo la paz social hasta el punto en que lo hicieron el seis de diciembre que acaba de transcurrir.
Después de la sentencia que la somete al ostracismo, Cristina Fernández de Kirchner habló. Tras cuestionar duramente –como se esperaba- a sus verdugos, lo más importante que dijo fue que no va a ser candidata en 2023. Los destinatarios de esta decisión no son los jóvenes de La Cámpora, ni los movimientos sociales que siempre la apoyaron, ni ninguno de sus seguidores. El mensaje estuvo dirigido al peronismo.
El mensaje fue que en este gobierno de funcionarios que no funcionan y de burócratas que sólo manejan presupuestos, nadie enfrenta las batallas que se deben pelear. Si ni siquiera hay funcionarios capaces de confrontar a las pistolas remarcadoras, que no arrojan balas pero que provocan consecuencias aún peores que éstas, todo está perdido, quiso decir la vicepresidenta.
Si no hay un afán de transformación, el peronismo languidece, se ahoga y muere, significó de manera contundente con su rabioso discurso Cristina Fernández de Kirchner.
Y eso va más allá de Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorili, Andrés Basso, Diego Luciani y Sergio Mola. Un veredicto judicial no termina con la política, pero éste en particular expresa el desequilibrio de fuerzas que enfrentan algunos dirigentes, como Cristina Fernández de Kirchner.
La condena contra Ella se asemeja demasiado a la que sufrió Alexander Selkirk, que fue abandonado por su capitán en una isla desierta en 1704 y fue rescatado cinco años después, para volver a su país y ser inmortalizado por Daniel Defoe en su libro de non-fiction, Robinson Crusoe.
Habrá, indudablemente, reacciones populares en los próximos días.
