No obstante, la cúpula de la CGT optó por ignorar esta situación y no involucrarse en el conflicto, que, según informan fuentes oficiales, involucra “una caja superior a los 30 mil millones de pesos al mes”. ¿Cuál es la razón detrás de esta indiferencia de los líderes de la central obrera? La cuestión es que la supresión de la triangulación impacta a algunas obras sociales pequeñas y no a las grandes, que son precisamente las que están bajo el control de los sindicatos más influyentes que también dirigen la CGT.
Para comprender este asunto, es necesario retroceder a 1993, durante la administración de Carlos Menem, cuando se implementó la libre elección de la obra social. En ese momento, surgieron entidades menores dentro del sistema sindical de salud que comenzaron a triangular sus servicios con la medicina prepaga, captando a una población joven, saludable y con mayores ingresos. Este fenómeno, conocido como “descreme”, provocó la erosión del componente solidario en la estructura de la seguridad social. Estas pequeñas obras sociales lograron acumular grandes fortunas al atraer miles de afiliados que, en realidad, no tenían, gracias a los convenios con las prepagas que actuaron como un “vehículo” para que los trabajadores con sueldos más altos trasladaran sus aportes desde allí.
Esta distorsión generó una relación desigual entre los trabajadores y el número de afiliados: de acuerdo con los datos gubernamentales, “la Obra Social de Comisarios Navales (OSCNA) cuenta con 4 comisarios activos, pero alrededor de 161 mil afiliados; la Obra Social de Serenos de Buques (OSSdeB) tiene 8 empleados para 60.000 afiliados; la Obra Social de Técnicos de Vuelo (OSTVLA) emplea a 16 personas para 81.976 afiliados; la Obra Social de Capataces Estibadores Portuarios (Oscep) dispone de 14 empleados para 71.897 afiliados; Ospaña, una obra social para ciudadanos españoles en Argentina, recibe 100 euros mensuales de la embajada, no por cada afiliado sino por cada residente, y gracias a esta triangulación ha incrementado su número de asociados a 85.225; la Obra Social de Árbitros Deportivos de la República Argentina (OSADRA) genera $1.200 millones mensuales con solo 7 empleados; OSCOMM, la Obra Social de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, recibe $3.650 millones al mes y tiene 35 empleados, mientras que OSCEARA, la Obra Social de la Cámara de Empresarios de Remises, recauda $5.500 millones y cuenta con 63 empleados”.
Para los que dirigen las obras sociales más influyentes, esos líderes que aprovecharon los cambios y que ahora protestan porque el cese de la triangulación las llevará a la quiebra “son los mismos que nos han sustraído todos los afiliados durante los últimos 30 años”, como subraya un sindicalista que no está dispuesto a hacer nada por ayudar a sus compañeros de las obras sociales más pequeñas.
Ahora, los responsables de Salud están convencidos de que las empresas de medicina prepaga recibirán directamente las contribuciones y aportes al sistema de obras sociales sin ningún tipo de “peaje” en el proceso.
Además, anticipan que se eliminará la especulación y que este beneficio se reflejará en la cuota que abona el afiliado.
Los números
En términos numéricos, se trata de una suma que, únicamente por concepto de aportes y contribuciones, alcanza aproximadamente los 180 mil millones de pesos al mes. Actualmente, desde el Gobierno enfatizan que “se devuelve el dinero al beneficiario y se le otorga la libertad de elegir con qué agente de seguros quedarse”, e incluso “esto permitirá que las empresas de prepagas no solo mantengan estables las cuotas, sino que las reduzcan en los próximos meses”.
Por otro lado, en la CGT sostienen que no se producirá ninguna disminución en los precios de la medicina privada y consideran el fin de la triangulación como “un guiño hacia el sector prepago, pensando que esto les dará la capacidad de controlar las cuotas. Sin embargo, hay que dejar entrever que las compañías del sector se quejan de tener una inversión exorbitante, un margen de utilidad muy limitado y que constantemente están experimentando un aumento de costos a un ritmo diferente al de la inflación”.
Más allá de la resolución de la CGT de no involucrarse en este conflicto, las obras sociales impactadas por la medida oficial están organizando su respuesta: después de varias reuniones, se ha dado a conocer que intentarán detener el cese de la triangulación a través de demandas judiciales que están por presentar.