En los hechos, el dictamen de preadjudicación figura en el sistema informático de la Ciudad con la fecha del 6 de diciembre, apenas un día antes de la asunción de Jorge Macri. Pero el texto está fechado el lunes 11 de diciembre. “No sé si hubo una mano negra. Alguien creyó que faltaba firmar algo y lo firmó. Para mí está mal hecho. Lo firmó después de que dejó de ser funcionario, sin tener la potestad”, aseguró el jefe de Gobierno.
Macri no dio nombres. Pero el dictamen lleva la firma de tres funcionarios: Francisco Merodo, Francisco Pérez Martínez e Ignacio Salaberri. Los tres, respondían a la entonces Secretaría de Transporte, Manuela López Menéndez.
Merodo era asesor legal de la Secretaría de Transporte. En tanto, Pérez Martínez tenía el cargo de Subsecretario de Gestión de la Movilidad y Salaberri revestía como director general de Servicios de Movilidad.
“En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con fecha 11/12/2023 se reúne la Comisión de Evaluación de Ofertas designada mediante disposición con el objeto de considerar las propuestas recibidas para la presente contratación y según surge de lo manifestado precedentemente, han aconsejado adjudicar a favor de”, arrancaba ese dictamen donde se mencionaba a las tres empresa beneficiadas: Transporte 9 de Julio, Ashira-Ecoba y SAEM-Tránsito Rosario.
Y agregaba: “El presente Dictamen se respalda en los siguientes informes de evaluación: Informe legal-administrativo (IF-2023-32071810-GCABA-SECTOP); Informe técnico (IF-2023-32224395-GCABA-DGGSM); Acta de preselección de ofertas (IF-2023-32293294-GCABA-SECTOP); e Informe económico sobre N° 2 (IF-2023-44652122-GCABA-DGGSM”.
El descargo larretista
En el larretismo aseguran que esa preadjudicación “fue uno de los temas que se negociaron durante los últimos seis meses de la gestión” con el equipo de Jorge Macri, que en ese momento estaba en plena campaña. “No hay nada irregular y además no hay perjuicio económico para la Ciudad con una preadjudicación”.
El acarreo siempre fue un tema conflictivo. Las empresas Dakota y BRD, tenían la concesión vencida hacía 20 años y sólo pagaban $55.000 de canon mensual, aunque recaudaban millones de pesos por día.
El antecedente
En 2022 se estatizó el sistema y 310 trabajadores que respondían a los Moyano cobraron indemnizaciones de hasta 4 millones de pesos y pasaron a trabajar en la órbita de SBASE, sociedad del Estado porteño que administra los subtes, mientras la operación del servicio quedó en manos de AUSA (Autopistas Urbanas Sociedad Anónima). “Están trabajando a reglamento hace meses y siguen cobrando sus sueldos”, se quejó uno de los empresarios involucrados en la negociación.
La nueva gestión decidió cambiar el modelo planteado por la licitación, pero las negociaciones no se terminaban de cerrar. Entre jueves y viernes hubo reuniones con emisarios de las empresas y los gremios. Horas después, el gremio de Camioneros impulsó una protesta que inundó de basura las calles de la Ciudad.
Las acusaciones de Macri activaron un sumario interno, casi una formalidad en estos casos. En la Ciudad dudan que el conflicto escale hasta la Justicia.