En la esquina de Balcarce y San Juan el tiempo parece haberse detenido. Ahí nomás, a la vuelta, sobre Humberto Primo al 200, otra de las caras del Patronato de la Infancia recuerda una película de terror. Terror por su aspecto y terror por su historia reciente, que lo trae a un presente de desidia y abandono, en el que ocupación, desalojo, ocupación y un nuevo posible desalojo nutrieron varios capítulos. Hace cuatro años, la embajada española instaló en la sede del Padelai, tal como fue conocida la institución filantrópica por su sigla, el Centro Cultural de España en Buenos Aires (Cceba), que la misma embajada retiró el año pasado. En ese entonces, 62 familias que ya habían ocupado las instalaciones de la mole de San Telmo volvieron a tomar el edificio, acuciadas por la falta de vivienda en la Ciudad. El Gobierno porteño, por su parte, ya había dejado en claro que su interés no era ni será inmobiliario, sino que para esos casi 6.000 metros cuadrados del predio el objetivo es estrictamente cultural. Un año después, la construcción venida a menos sigue tomada. Y del futuro se sabe poco. Solo se guarda una certeza: que el porvenir no es auspicioso, que pronostica tragedia.
Noemí Mealla, secretaria de la Cooperativa de Vivienda, Crédito y Consumo San Telmo Limitada, que es la organización que coordina la toma, relataba el año pasado: “Desde el domingo 6 de mayo en el Padelai viven 62 familias, entre las cuales hay unos 58 chicos. En total, somos menos de 200 personas. No sabemos nada. Nadie sabe qué pasará. No tenemos respuesta del Gobierno de la Ciudad. Queremos que el barrio nos conozca y vea que nuestro proyecto no es solo para nosotros sino para todos”. El plan de las familias era –es– hacer un centro cultural y utilizar el primer piso para construir sus viviendas. Pero eso por ahora es solo un proyecto. Y la amenaza de desalojo arrecia.
“Lamentablemente, circunstancias económicas sobrevenidas, manifestadas en los ajustes presupuestarios que está aplicando el gobierno español y que son de público conocimiento, han llevado a la necesidad de cancelar el proyecto de establecer un centro cultural español en los predios generosamente cedidos por la Ciudad de Buenos Aires”, explicaba un comunicado que la embajada de España en la Argentina publicó en 2012 en su página oficial. Suena a excusa. A excusa oportuna. “En noviembre de 2009 se formalizó el acuerdo entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), por el que se cedía la utilización de los edificios que albergaban el Patronato de la Infancia en la media manzana configurada por las calles Humberto Primo, Balcarce y avenida San Juan en la Ciudad de Buenos Aires para la instalación de un centro cultural español por un período de 30 años”, exponía el mismo escrito de la embajada. “Desde entonces, España ha invertido una importante cantidad de fondos en la rehabilitación y saneamiento de los edificios, que se encontraban en muy mala situación, así como en su mantenimiento y vigilancia –continuaba el comunicado–. Por otra parte, en esos espacios se ha llevado a cabo una programación cultural internacional de alta calidad, que ha encontrado una gran receptividad. El costo para España de estas actividades ha superado los 900 mil dólares.” La inversión total prevista era de seis millones de euros. Era.
Y sucede, como ya se mencionó, que en mayo del año pasado 62 de las familias que vivieron allí hasta 2003 y que aseguran hasta hoy tener la escritura del inmueble volvieron a ocupar el lugar para pedir viviendas. La discusión entonces pasó por saber si los empleados del centro español dejaron entrar o no a los ocupantes. Lo que se sabe es que les habilitaron la entrada solo un mes, que fue el tiempo que luego de la toma duraron los españoles allí, en Humberto Primo y Balcarce. “Queremos que intervenga la Defensoría de la Ciudad o la de la Nación, para que nos ayude a vivir cómodamente. Hay muchas familias divididas y no nos dejan entrar muebles”, se quejaba en su momento Mealla.
“Ahora somos 38 familias. Algunas se fueron a hoteles porque el edificio está muy deteriorado –comenta Carlos ‘Tito’ Vargas, presidente de la Cooperativa San Telmo–. Somos los propietarios del 70 por ciento del edificio, pero no queremos plata. Nosotros lo que queremos son viviendas. Pero no solo eso: tenemos un proyecto para hacer instalaciones comunitarias, con locales y actividades abiertas al barrio.” Al edificio solo pueden ingresar las personas que trabajan y los chicos que van a la escuela: no entra nadie que no esté censado por la Fiscalía. En tanto, desde el GCBA insisten en que el destino del predio es cultural, aunque reconocen que hasta que no puedan ingresar y observar el estado del lugar no es posible hacer previsiones sobre la inversión que se necesitará. Política de la incertidumbre. En fin.
La toma de mayo, después de mayo
Según consta en el libro de novedades de la guardia, los vigiladores tenían órdenes del director del centro cultural de entregar las llaves a los miembros de la Cooperativa San Telmo si intentaban ingresar. Aunque existe otra versión que indica que una señora mayor fingió estar descompuesta y que, con la excusa de buscar ayuda en la guardia, aprovecharon para entrar. Sea como fuere, la toma no fue a la fuerza. Aquel 6 de mayo eran 62 familias, un año después son casi 40. Sin embargo, la alarma radica en que la orden de desalojo está vigente.
Por su parte, Mealla y los suyos aseguran que tienen las escrituras, que no quieren vivir de arriba, que ese no es su objetivo. Según una escritura firmada el 5 de noviembre de 1991, esta cooperativa es dueña del 70 por ciento del edificio, como manifestó Vargas, pese a que en 2009 una ley dispuso la expropiación del predio para hacer, precisamente, el centro cultural al que apunta Macri. Mientras que en las viejas paredes del Padelai florecen las mil y una pintadas irreproducibles contra el Jefe de Gobierno porteño y alguna esperanzadora leyenda como “La única lucha que se pierde es la que se abandona”, el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad N° 13, a cargo del juez Guillermo Morosi, sigue estudiando una solicitud de “restitución anticipada” del edificio de San Telmo que presentó el GCBA. Si la aprueba, el desalojo será una realidad.
“La gente que vive en el Padelai es titular de dominio, no ocupante. El gobierno de Macri hizo una expropiación del edificio, aunque nunca pagó por esa compra forzada, y se lo dio a los españoles. Y estos a su vez se lo devolvieron a los titulares. Los integrantes de la cooperativa no ingresaron con violencia, así que no se trató de una usurpación. Entraron para garantizar que nadie se intrusara el lugar. Los españoles les dieron la llave y solo pidieron que no los demandemos, cosa que no hicimos”, explica, más acá en el tiempo, César Augusto Arias, el abogado que representa a San Telmo Limitada.
Cuentan además en la cooperativa que, aunque el director del Centro Cultural de España en Buenos Aires, Ricardo Ramón Jarne, siempre lo negó de plano, en el libro de actas de la guardia privada del edificio quedó asentado que este avisó que iban a tomar el predio, dejando expresa la orden de “entregar las llaves” a los integrantes de la Cooperativa cuando quisieran entrar. Pero, como ya se mencionó, la versión oficial es que los vigiladores fueron engañados por una falsa descompuesta. “Jarne nos dijo que por la situación de su país iban a retirarse del edificio, que les fue dado en comodato gratis y por 30 años en 2009. Y nos dijo que querían devolvérselo a la Cooperativa”, contó en aquel entonces Vargas.
En su momento, la embajada de España denunció la usurpación en la Fiscalía de Gonzalo Berecochea, e intervino el juzgado de Morosi. El Gobierno porteño se presentó como querellante. A su vez, en agosto, la embajada española confirmó la cancelación del proyecto del centro cultural. “Con paciencia y firmeza se va a construir un centro cultural para el uso y goce de todos los vecinos, que es lo que necesita San Telmo”, continúa prometiendo el ministro de Cultura porteño, Hernán Lombardi, sobre el futuro del lugar.
Y el conflicto, como suele pasar con la demanda de vivienda de fondo, se politizó. “Yo defendía a las familias que estaban censadas y constituyeron la cooperativa –relata Arias–. Pero después ingresó más gente y se metió el Movimiento Evita. Por eso me abrí de la causa penal, donde ahora los representantes son defensores oficiales. Cuando Jorge Telerman era jefe de Gobierno, se acordó que la Ciudad iba a entregar viviendas a la gente y que esta le iba a restituir el Padelai. Pero Macri desconoció el acuerdo. Si cumple con las viviendas, entonces ya no hay más problema. Pero si el desalojo se concreta, el conflicto se profundizará.”