Senadores del Frente de Todos firmaron dictamen este miércoles, en la Comisión de Asuntos Constitucionales, para rechazar el fallo judicial de la Sala 6 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Ciudad de Buenos Aires que hizo lugar a un hábeas corpus que le dio al Congreso un plazo de 15 días para sancionar una ley que reemplace los DNU firmados por el presidente Alberto Fernández sobre las restricciones de circulación por el aumento de casos de Covid-19.
“Mediante los últimos DNU, el Poder Ejecutivo Nacional ha limitado la libertad ambulatoria de las personas en todo el territorio nacional; es decir, el Presidente de la Nación ha vulnerado, a través de sus medidas restrictivas, un derecho constitucional fundamental: el de circular libremente”, expresa el fallo.
Los magistrados hicieron lugar a un hábeas corpus colectivo contra los DNU 235/21 y 241/21, que impusieron nuevas medidas de circulación en el AMBA ante el aumento de casos de coronavirus.
Los senadores oficialistas consideraron en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por María de los Ángeles Sacnun, que la decisión judicial desconoce la división de Poderes establecida por la Constitución Nacional y que los jueces se “extralimitaron” en sus funciones al intentar modificar de hecho el procedimiento de formación y sanción de las leyes “a través de una sentencia”.
La senadora Sacnun consideró una “intromisión” este exhorto enviado al Senado de la Nación y al Poder Ejecutivo Nacional que intima a que en un plazo de 15 días se sancione un proyecto de ley. “Planteo rechazar esta orden, reafirmar la plenitud de las atribuciones del Poder Judicial y la división de poderes y la vigencia de la ley que regula los DNU”, aseguró la legisladora.
“Cabe preguntarse si han aprobado las materias de primer año de la Facultad de Derecho”, lanzó Sacnun y alegó que esta intromisión se hizo a través de un recurso que -recordó- remite a los años de gobiernos de facto.
Por su parte, el senador Ernesto Martínez (JxC, Córdoba) sostuvo que “el Senado de ninguna manera debe entrar en esta polémica porque se degrada como institución” y pidió que se archive e ignore ese exhorto. “Vivimos en un verdadero cambalache del siglo XXI”, expresó.
Sin embargo, la mayoría de los legisladores no coincidió con la propuesta de archivar el exhorto judicial y finalmente se aprobó el rechazo a la resolución emitida por la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Sala 6. El dictamen notifica sobre el tema al Consejo de la Magistratura, reafirma “la plenitud de las atribuciones constitucionales que le competen al Senado de la Nación” y ratifica ratifica la vigencia de la Ley 26.122, reglamentaria del procedimiento de los Decretos de Necesidad y Urgencia, conforme el segundo y tercer párrafo del inciso 3, artículo 99 de la Constitución Nacional.
