El Consejo de la Magistratura sigue dando que hablar. En este caso por las diferencias entre un grupo de representantes de los jueces y Juntos por el Cambio dos grupos que suelen votar en sintonía y esta vez se enfrentaron.
El motivo del enfrentamiento está relacionado con cómo decidir qué denuncias de jueces irían directamente a la Comisión de Acusación, donde se analiza si corresponde iniciar juicio político para remover a los magistrados, y cuáles deben tramitar en la Comisión de Disciplina, donde se analiza si les cabe alguna sanción menor, motivada en alguna inconducta.
En la primera reunión de la Comisión de Disciplina, el viernes 15 de julio, el diputado y consejero Pablo Tonelli (Pro) y la senadora y consejera radical Silvia Giacoppo presentaron sendas notas en al que reclamaron que pasen directamente a la Comisión de Acusación los expedientes contra 70 jueces.
Allí están incluidas en esa lista denuncias de todo color político, desde aquellas los contra los camaristas de Casación Gustavo Hornos y Mariano Borinsky -que Cristina Kirchner cuestionó públicamente por sus visitas a Mauricio Macri-, hasta las denuncias contra Alejo Ramos Padilla y Martín Bava, jueces que fueron contra Macri (según él, persiguiéndolo).
La presidenta de la Comisión de Disciplina, la oficialista Inés Pilatti de Vergara, puso en debate el asunto y los representantes de los jueces en pleno se opusieron a que estos casos sean enviados directamente a la Comisión de Acusación. El debate terminó con la idea de posponer una decisión, que fue apoyada por los consejeros del kirchnerismo, incluido el senador Martín Doñate.
El contrapunto entre los consejeros de Juntos por el Cambio y los jueces, que suelen votar en sintonía cuando se trata de decidir elecciones de magistrados, dejó algunas suspicacias.
Entre los estamentos políticos se quejan de que los jueces se oponen a que prosperen las investigaciones contra sus colegas magistrados y hablan de una actitud corporativa.
Por su parte, desde el lado de los representantes de los jueces ven en esta avanzada la posibilidad de que la Comisión de Acusación termine negociando los casos a favor y en contra de cada una de las facciones políticas y paguen justos por pecadores en los expedientes disciplinarios sometidos a estudio.