La decisión de Mauricio Macri de crear por decreto un espacio para el trabajo de varios temas judiciales de su interés -como la transferencia de competencias o la implementación de un sistema de justicia vecinal- generó una reacción crítica por parte de varios integrantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad.
El último Plenario del órgano administrador del Poder Judicial porteño, celebrado en la tarde del pasado jueves, se convirtió en el espacio para exponer públicamente las diversas posturas ante la creación y puesta en marcha del Consejo de Justicia.
Ante la reciente aprobación en el Consejo de Justicia del envío a la Legislatura de un proyecto de declaración para que se reclame la transferencia de competencias con los correspondientes recursos y otra iniciativa para la puesta en marcha de tribunales del vecindad sin patrocinio letrado obligatorio y con intervención de jueces legos, la consejera Alejandra García, representante de los abogados matriculados en la Ciudad, cuestionó tanto lo resuelto por el Consejo de Justicia y remarcó su oposición a “un proyecto de justicia vecinal con patrocinio jurídico opcional”.
“Con el Decreto 273/13, el Jefe de Gobierno está violentando la división de poderes. La forma republicana de Gobierno impide que uno de los tres poderes del estado se posicione por encima de otros”, sostuvo García planteando la inconstitucionalidad del decreto.
Frente a esta declaración, el presidente del Consejo de la Magistratura, Juan Manuel Olmos, habilitó un período de manifestaciones para que los consejeros que integran el Plenario expongan sus opiniones.
Reemplazando el término Consejo de Justicia por el de “foro” el consejero Sebastián De Stéfano resaltó que dicho espacio “intenta aunar criterios para tener un único texto que satisfaga diferentes visiones sobre el fuero de vecindad” y es un “ámbito para ir discutiendo como mejorar el sistema de justicia”. “Los representantes del Tribunal Superior de Justicia participaron de la primera reunión del foro y si hubieran entendido que si era inconstitucional no hubiesen ido”, afirmó el consejero, avalando la legalidad de lo dispuesto por el titular del Ejecutivo local.
En su calidad de vicepresidenta del Consejo y como representante de los jueces, Alejandra Petrella, se excusó de opinar sobre la constitucionalidad o no del decreto para evitar posibles recusaciones en el caso que el tema se judicialice, pero aclaró que adhería a lo dicho por la Secretaria, Alejandra García. “No comparto la no obligatoriedad del patrocinio letrado y la Constitución de la Ciudad establece que los jueces de la Ciudad son letrados”, subrayó la jueza.
“Las inconstitucionalidades sólo las pueden declarar los jueces”, recalcó Jorge Enríquez a su turno. “No comparto que en los tribunales de vecindad se elimine el patrocinio jurídico obligatorio; la participación de los abogados agiliza el proceso judicial, y existen numerosos servicios jurídicos gratuitos como el del Colegio Público de Abogados. También estoy absolutamente en contra de que se establezcan jueces legos. La autoridad de aplicación de una justicia vecinal de ninguna manera puede ser la Subsecretaría de Justicia sino el Consejo de la Magistratura”, agregó el consejero.
Tras estas manifestaciones tomó la palabra el presidente del Consejo de la Magistratura quien se sumó a la postura que pone en duda la legalidad del decreto de Macri creando el Consejo de Justicia.
“No son facultades del Jefe de Gobierno crear organismos que no son de su dependencia y poniendo como partícipes compulsivos a las autoridades del Poder Judicial. Por considerar que no corresponde la inclusión del Consejo de la Magistratura de forma inconsulta no voy a participar. Quien lo haga, que lo haga en forma personal pero no institucional”, expresó Olmos.
Y, ante la intención de que sea la Subsecretaría de Justicia a cargo de Javier Buján la encargada de implementar los tribunales de vecindad de aprobarse el proyecto acordado en el Consejo de Justicia Olmos agregó: “Son competencias de este Consejo de la Magistratura las políticas judiciales como es la implementación de la Justicia Vecinal, y es la Legislatura el ámbito de debate sobre si la justicia vecinal debe o no tener patrocinio letrado o jueces legos. No es el Ejecutivo el ámbito de aplicación, la implementación de una justicia vecinal es competencia del Consejo de la Magistratura”.
Con la postura crítica al Consejo de Justicia expuesta por los tres integrantes del Comité Ejecutivo del Consejo de la Magistratura (Olmos, Petrella y García), se dejó sentada la posición de no participar institucionalmente y con voto en el espacio creado por decisión del Jefe de Gobierno porteño.
