Este jueves, la oposición solicitó una sesión especial en la Cámara de Diputados para el próximo 12 de noviembre a las 15, con el fin de tratar dos temas claves. Por un lado, la reforma a la Ley 26.122 que regula los DNU y, por el otro, el rechazo al Decreto 846/2024, que permite la reestructuración de deuda en moneda extranjera sin los requisitos establecidos en la Ley de Administración Financiera (LAF).
La propuesta cuenta con la firma de los legisladores nacionales de Unión por la Patria, Encuentro Federal y Democracia para Siempre. Pero con el apoyo de la Coalición Cívica, del Frente de Izquierda y Sergio Acevedo (Somos Energía para Renovar Santa Cruz) se aseguraría el quórum (129) necesario para abordar el temario.
Los cambios propuestos a la Ley de DNU
El proyecto de reforma de la Ley 26.122 apunta a fortalecer el control legislativo sobre los DNU emitidos por el Poder Ejecutivo. La primera modificación clave que se plantea es que, una vez publicado un DNU en el Boletín Oficial, perdería automáticamente vigencia si no es ratificado por ambas cámaras en un plazo de 90 días. En la actualidad, estos decretos mantienen su validez hasta que ambas cámaras los rechazan explícitamente.
Otra de las enmiendas establece que bastaría el rechazo por parte de una de las cámaras para que un DNU pierda vigencia. Este cambio modificaría el proceso vigente, donde es necesario que tanto la Cámara de Diputados como el Senado de la Nación se pronuncien en contra de un decreto para invalidarlo.
La Constitución Nacional, en su artículo 99, faculta al Presidente a emitir DNU en “circunstancias excepcionales”, pero el criterio para justificar estas circunstancias ha sido históricamente flexible. Entre los ejemplos más recientes se incluyen el DNU 70/2023, que modificó más de 300 normativas económicas sin evidencia clara de urgencia, y el DNU 656/2024, que destinó fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia sin explicaciones al Congreso. Ante estos antecedentes, la oposición considera que la revisión de los DNU debe realizarse de manera más rigurosa y en un plazo razonable.
La postura del oficialismo
Por su parte, el jefe de Estado Javier Milei fue contundente a la hora de oponerse a dicha reforma e incluso anunció que vetará cualquier modificación que prospere en el Congreso, al considerar que se trata de un intento de limitar su capacidad de gobernar por decreto. Según él, la motivación que subyace en la oposición es realizarle “un golpe de Estado”. Cabe señalar que, algunas fuentes legislativas adelantaron que la jugada del oficialismo sería convocar a una sesión alternativa con un temario propio el día siguiente, lo que anticiparía un escenario de tensión en el recinto.
Además, el otro eje de la sesión convocada por la oposición es el rechazo al Decreto 846/2024, que introduce cambios en la forma en que el Ejecutivo puede manejar la reestructuración de la deuda en moneda extranjera. Este decreto elimina la exigencia de que cualquier canje de deuda logre mejoras en al menos una de tres condiciones: plazo, intereses o capital, como estipula el artículo 65 de la LAF. La oposición sostiene que la medida otorga excesiva flexibilidad al Ejecutivo y reduce la intervención del Congreso en decisiones que afectan las finanzas del país.
Desde el mercado financiero, la eliminación de estas restricciones fue interpretada como una herramienta que otorga al Tesoro más capacidad de maniobra en un contexto de presión sobre las reservas por vencimientos de deuda. Sin embargo, la falta de supervisión legislativa suscita preocupaciones sobre las implicancias a largo plazo de estas operaciones.
El camino hacia la aprobación
Para que la reforma a la Ley 26.122 avance en Diputados, se necesita la mayoría absoluta, es decir, 129 votos. En cambio, la votación para rechazar el DNU 846/2024 requerirá una mayoría simple. La oposición confía en que cuenta con el respaldo suficiente para obtener la media sanción de la reforma y dar un paso más hacia un control legislativo más estricto sobre los DNU.
Si la iniciativa es aprobada, implicará un cambio en la relación de poder entre el Congreso y el Ejecutivo, limitando la posibilidad de que el Gobierno impulse reformas sin un aval parlamentario. En última instancia, la propuesta busca equilibrar las facultades entre los poderes del Estado y garantizar una revisión más efectiva de las medidas adoptadas en circunstancias excepcionales.
